Los médicos asturianos que
compaginan su actividad pública con la privada sufren una
‘penalización’ económica que roza los
1.000 euros mensuales. Se trata de una brecha salarial que tiene cada vez menos arraigo en España y que además es significativamente elevada en esta comunidad autónoma. O, al menos, lo era hasta ahora: su consejera de Salud,
Concepción Saavedra, ha comunicado su decisión de sentarse con los sindicatos para negociar una minimización de esta merma retributiva. No desaparecerá, reconoce la exgerente del Sespa, pero sí será “mucho menor”.
La de cerrar el ‘agujero’ salarial que provoca romper la exclusividad en el ejercicio público constituye una vieja reivindicación de las organizaciones de facultativos. En Asturias se calcula que unos
170 médicos compaginan ambas actividades (en total hay unos 2.500), lo que les supone una reducción de su salario de
996 euros brutos al mes. Aproximadamente 14.000 euros anuales.
La situación es delicada, pues si bien el número de facultativos que compagina ambos servicios es bajo, en los últimos años se ha producido un importante incremento de los profesionales que se dedican
de forma exclusiva a la privada.
Eso sí, se desconoce todavía hasta qué punto ser reducirá esta penalización. Todo dependerá de la deriva de las
negociaciones con los sindicatos, aunque la Consejería de Salud autonómica ha avanzado ya que el impacto en el bolsillo de los profesionales sanitarios
será sustancial.
La exclusividad pierde fuerza en España
Lo cierto es que la gran mayoría de las comunidades autónomas ya permite a los trabajadores sanitarios trabajar de forma simultánea en el ámbito público y en el privado. De hecho, hasta la fecha
las mayores brechas se producían en Navarra y Asturias, que ya están dando pasos para paliar esta situación.
La última autonomía que se abrió a eliminar la exclusividad en la sanidad pública fue la gallega, que este mismo año permitió la compatibilidad de los sanitarios para realizar una actividad pública y una privada "con independencia de que esta se realice o no en un centro que tenga algún
vínculo contractual con el Sergas".
Un modelo "mucho más flexible", apuntaron desde el Sergas, que contempla además un sistema para comprobar que "con esa actividad en el centro privado, el profesional sanitario no atiende a un paciente que ya atendió en la sanidad pública por el
mismo proceso patológico".
¿Cómos se regula la compatibilidad público-privada?
La labor público-privada se regula a través de la Ley 53/1984 de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas; aunque algunas consejerías contemplan regulaciones de ámbito autonómico. Es el caso, entre otras, de
Castilla y León, que en 1997 dio luz verde a un reglamento propio. En 2018, la consejería de la Presidencia aprobó además una orden para regular el procedimiento de
autorización de dicha compatibilidad.
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