La última sesión de la
comisión sobre listas de espera en el Parlamento asturiano ha desatado la
polémica en el Principado. Los primeros comparecientes del día evitaron criticar directamente la gestión del Servicio de Salud (
Sespa) y, en su lugar, apuntaron a soluciones como una
mayor coordinación con la primaria. Sin embargo, el
cadáver en el armario terminó por aparecer y la supuesta
manipulación de la lista de espera se convirtió en protagonista de la comisión.
Uno de los responsables llamados a declarar,
Cristóbal de la Coba Ortiz, adjunto del servicio de Aparato Digestivo Hospital de Cabueñes, aludió a las
“técnicas de maquillaje” que se emplean en este centro, y que, asegura, “son habituales”. Estas prácticas consistirían en la existencia de solicitudes para pruebas médicas que
se guardan en una carpeta, en lugar de registrarse por procedimiento informáticos, lo que influiría en los datos de esperas medias.
Engaño
El reconocimiento de estas prácticas supone un aldabonazo para las tesis del grupo parlamentario que propuso la creación de la comisión de investigación, Podemos, que ya en su día advirtió de que
“se vislubra” la existencia de mecanismos de este tipo en la sanidad asturiana. El grupo considera además que existe una intencionalidad en fomentar la lista para que la gente acuda a la privada, algo que los jefes de servicio que comparecieron este martes, han rechazado.
Al margen de este último aspecto, en su opinión de De La Coba,
sí se puede hablar de “engaño”, ya que “las listas de espera no reflejan la realidad”. Ante estas declaraciones, la diputada socialista Carmen Eva Pérez ha salido en defensa del Sespa y ha advertido al facultativo de que tales hechos, de ser ciertos,
podrían ser constitutivos de delito, y le ha recordado la obligación, por tanto, de
comunicarlos a la Fiscalía.
Politización en la gestión
La intervención de De la Coba ha sido muy crítica con la gestión sanitaria. Ha denunciado públicamente la
falta de medios para realizar colonoscopias y ha puesto el ejemplo de las 30 pruebas radiológicas dinámicas que anualmente el Hospital de Cabueñes debe derivar al de Jove, pagando 2.000 euros por cada una, al no disponer de un equipamiento que costaría unos 6.000 euros.
También ha criticado la
politización de las áreas y servicios, donde se consigue la dotación de material en función de la “capacidad de influencia política” de sus responsables y sin atender a “criterios clínicos”.
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