El proyecto de ley de empleo público de Asturias excluye a los sanitarios, los cuales no deberán aprobar la evaluación anual del desempeño para seguir en su puesto, según prevé la medida que negocia actualmente la consejería de administración Pública con los sindicatos de función pública.
Mediante esta ley Asturias sí impondrá a sus funcionarios una evaluación anual para seguir en su puesto de trabajo. El Gobierno del Principado ha aprobado modular ese requisito y supeditar los criterios de remoción del cargo por desempeño negativo a un reglamento aún por concretar que se aplicará cuando haya dos evaluaciones negativas.
El portavoz del sindicato Usipa (Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias), José Luis González, ha explicado a Redacción Médica que el proyecto de ley de empleo público “está orientado a administración y servicios”. González manifiesta que el Servicio de Salud del Principado de Asturias ya tiene su propia legislación y estatuto marco que regula el empleo.
El texto legislativo inicial establecía la pérdida automática de la adscripción al puesto cuando el funcionario acumulase dos evaluaciones negativas consecutivas, pero el Gobierno ha rectificado y definirá un nuevo reglamento. La futura ley también abre la posibilidad al traslado forzoso de funcionarios “por razones de servicio por un plazo máximo de un año”, según informa El Periódico de España.
Se trata del segundo proyecto de ley de empleo público de Asturias que tiene en marcha la consejería de Vicepresidencia, después del de medidas Administrativas Urgentes incluido en el proceso de reforma de la administración regional que encargó el presidente, Adrián Barbón, en junio de 2020.
El cambio para la pérdida automática del puesto por acumular dos resultados negativos consecutivos de la evaluación del desempeño, que establecía el texto del anteproyecto, se produjo por la posición contraria de los sindicatos, entre ellos Usipa y Comisiones Obreras.
Por su parte, fuentes de la consejería de Vicepresidencia del Gobierno de Asturias han asegurado a este periódico que “el proyecto de ley está en negociación y hasta que no esté cerrado el texto, está sujeto a cambios”. Estas modificaciones no afectarían previsiblemente a los sanitarios, que tienen su propio plan de regulación del empleo público. El Ejecutivo regional estima tener listo el proyecto de ley antes de finalizar el año.
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