La Comisión de Sanidad de la Junta General (Parlamento asturiano) ha aprobado este martes el dictamen de la proposición de ley para la universalización del derecho a la asistencias sanitaria pública que, tras su previsible aprobación por el pleno de la cámara regional, deberá ser defendido ante el Congreso de los Diputados por tres representantes de la cámara legislativa asturiana.
En concreto, han sido escogidos para esta misión los diputados Fernando Lastra (PSOE), Daniel Ripa (Podemos) y Gaspar Llamazares (IU). La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de los grupos parlamentarios del PSOE, Podemos, IU y Ciudadanos mientras que Foro ha optado por la abstención y el PP ha votado en contra.
IU planteó esta modificación legal "por razones de derechos humanos, de salud pública y de congruencia legislativa" para restablecer "una cobertura universal que no excluya a nadie, ni por razón de raza ni de residencia" dado que el acceso a la sanidad pública "es un derecho fundamental que nunca debía haberse mermado".
La ley pretende universalizar la asistencia sanitaria pública y restablecer en el ámbito subjetivo general del derecho a la protección de la salud que fue alterado mediante el Real-Decreto ley 16/2012 tanto desde el punto de vista conceptual como a través de la vuelta a la figura del "asegurado" como sujeto del derecho a la protección de la salud, exigiendo la suscripción de un convenio especial a quienes no puedan acceder a esa condición.
De esta forma, siempre según los ponentes de esta proposión de ley, se dejaba sin cobertura sanitaria directa a todos los que no tengan ningún vínculo con la Seguridad Social e incluso a los descendientes de asegurados mayores de 26 años, cuyos ingresos superasen un determinado límite y expulsaba del sistema sanitario pública a los extranjeros sin permiso de residencia "con las consecuencias que implica en salud individual y pública".
Una vez que la proposición de ley de se aprueba en el pleno de la Junta y se designe oficialmente a los tres representantes de la Junta, esta iniciativa será la segunda de este tipo pendiente de tramitar ante el Congreso tras la aprobada en 2014, también a instancias de IU, que plantea la reforma de la Constitución para facilitar más la tramitación de iniciativas populares legislativas y la celebración de referendos.
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