La Consejería de Sanidad presentará el próximo 22 de febrero el decreto sobre tiempos máximos de espera en la sanidad asturiana que se añadirá al dispositivo de listas de espera del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa). La principal novedad de este decreto es establecer demoras máximas garantizadas para las intervenciones quirúrgicas (180 días en la mayoría de los casos) y las consultas y pruebas diagnósticas y la Consejería pretende hacerlo "sin derivaciones a la privada".
Así lo ha anunciado este lunes ante la Comisión de Sanidad el consejero del ramo, Francisco del Busto. Durante la misma, PP, Foro Asturias y Ciudadanos han criticado la falta de participación de los grupos parlamentarios en el proceso. Por su parte, Podemos ha denunciado que tiene datos que apuntan a la existencia de una “lista negra” de pacientes que rechazan la derivación.
El documento, que establecerá un tiempo máximo de 60 días para consultas y pruebas diagnósticas, y de 180 días para intervenciones quirúrgicas, ha sido avalado tanto por el consejero, como por la diputada socialista Carmen Eva Pérez. La parlamentaria ha recordado que comunidades como País Vasco, Galicia o las dos Castillas han seguido procedimientos familiares y han conseguido reducir sus listas de espera.
Sin derivaciones a la privada
No obstante, el consejero ha manifestado que la Sanidad asturiana ya está cerca de lograr el cumplimiento de muchos de estos máximos. Según Del Busto, prácticamente en ningún quirófano asturiano se superan ya los 180 días, y en muchos de los hospitales ya se está por debajo de los 60 para consultas y pruebas. Así mismo, el consejero ha señalado que esta mejora se está llevando a cabo -y seguirá siendo así- sin "planes de choque", ya que "no funcionan" y "sin derivaciones a la privada".
Las explicaciones de Del Busto no han servido para acallar las críticas de los partidos de la oposición. El 'popular' Carlos Suárez ha lamentado que haya "tres grupos mirando como ustedes se lo guisan y se lo comen", en referencia al Gobierno socialista y a IU, partido que, en calidad de firmante del pacto de investidura, está siendo informado de primera mano del proceso.
Transparencia y "lista negra"
Por su parte, el diputado de Podemos, Andrés Fernández Vilanova, ha reprochado que “la Consejería excluye de este Decreto parámetros de transparencia que ya se incluyen en el Real Decreto 605/2003, como es la 'espera real' o espera media de los pacientes no atendidos”. Además ha querido saber “por qué la Consejería no publica la lista de espera quirúrgica de pacientes que rechazan tratamientos en centros alternativos”, a la que calificó de lista B o lista negra, aspecto que el consejero ha negado rotundamente.
Marta Pulgar, de Izquierda Unida, ha pedido que "las medidas a tomar sean estructurales". Para la diputada, "el decreto no es la solución mágica, pero aporta soluciones". Ha celebrado el descarte de las derivaciones a centros privados, y la mejora de la información y la transparencia que conlleva el documento. También ha demandado que se consolide la participación, "una novedad en esta legislatura".
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