Visto bueno al decreto ley sobre la concertación de servicios sanitarios

El Pleno de las Cortes de Aragón ha convalidado este jueves el Decreto-Ley sobre acción concertada para la prestación de servicios de carácter social y sanitario, que se tramitará como proyecto de ley. Regular esta materia era necesario en cuanto a que el Gobierno no ha traspuesto la directiva de la UE que ataña a este sector.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, encargada de defenderlo, ha asegurado que “el objetivo es promover la acción concertada con las entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, que actúan bajo el principio de la solidaridad y tengan presencia activa" en la cobertura de las necesidades de la ciudadanía.

Broto ha recalcado que el precio del servicio no se contemplará como criterio para la concertación, sino que se tendrán en cuenta otras variables, como su calidad y el conocimiento en este ámbito.

Por su parte, la diputada de CHA, Carmen Martínez, ha apostado por incluir las cláusulas sociales en la contratación pública, mientras  la diputada del PP Yolanda Vallés ha solicitado su tramitación como proyecto de ley, preguntándose si el Gobierno tiene miedo de la participación de las Cortes en esta iniciativa por estar en minoría.

Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario de Podemos, Maru Díaz, se ha preguntado si los costes, con la externalización, pueden ser más baratos o rentables que si este servicio lo prestaran trabajadores públicos. Desde el Partido Aragonés, Elena Allué ha defendido el papel de las entidades sin ánimo de lucro por su "mayor capacidad de adaptación a la realidad social gracias a la flexibilidad" de sus proyectos. En representación de Ciudadanos, Desirée Pescador ha dicho que el Decreto-Ley es "manifiestamente mejorable".