Redacción. Zaragoza
El Gobierno de Aragón estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto que regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros si el Ejecutivo central no deroga la norma.
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Sebastián Celaya, consejero de Sanidad de Aragón.
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Se trata de la segunda comunidad autónoma que anuncia un posible recurso de incontitucionalidad contra la prescripción enfermera tras el anuncio la semana pasada de la Junta de Andalucía. En ambos casos, argumentan que hay un conflicto de competencias y que la prioridad es la reglamentación regional, a pesar de que en el caso de Aragón no cuenta con una norma expresa sobre la regulación del trabajo de los enfermeros (aunque sí menciona competencias en personal sanitario en su Estatuto).
La decisión se aprobaba este miércoles en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, en la que se ha decidido que en primer lugar se lleven a cabo “acciones judiciales en el orden Contencioso-Administrativo contra el Real Decreto 954/2015”, solicitando la suspensión cautelar del mismo.
En contra del Estatuto de Autonomía de Aragón
En concreto, se pide que se anulen o modifiquen los artículos 2.2, 3.2 párrafo primero, 10.1 párrafo tercero, 10.2 párrafo primero, 10.3 párrafo primero, Disposición transitoria Única punto 3 párrafo segundo, Disposición final cuarta apartado cuarto y Anexo II párrafo siguiente al apartado seis del citado Real Decreto.
Desde el Gobierno aragonés argumentan estos apartados chocan contra el artículo 71.55 del Estatuto de Autonomía en referencia a la acreditación de los profesionales sanitarios, “lo cual es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma”.
“Se considera que el Real Decreto atribuye a la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la competencia para la acreditación de los profesionales de enfermería que deseen ejercer las funciones de indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano. Además, impide el desarrollo de aspectos organizativos propios en materia de asistencia sanitaria, sin que se justifique la necesidad de asumir tal competencia”, afirman desde el Gobierno regional.
Así, afirman que “si el órgano requerido no atiende la petición de Aragón en los plazos establecidos, el Ejecutivo autonómico elevará el conflicto al Tribunal Constitucional”.
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