En el año 2013, el Departamento de Sanidad, entonces dirigido por el consejero
Ricardo Oliván Bellosta, estableció a médicos del
Servicio Aragonés de Salud la
jubilación forzosa a los 65 años, bloqueando la posibilidad de prorrogar su vida laboral hasta los 70 años. Una decisión que recurrieron los afectados y que, tras una sentencia de por medio del
Tribunal Supremo, ha obligado al Gobierno aragonés a
indemnizar a un total de 32 profesionales.
Durante su última intervención en las Cortes, la actual consejera,
Pilar Ventura, prometió que iba a
"hacer frente a las resoluciones judiciales". En este sentido, señaló que se han dictado un total de 170 sentencias, de las cuales "150 son firmes".
En un primer momento Sanidad calculó que resarcir a los afectados tendría un coste aproximado de 32 millones de euros, aunque
las estimaciones actuales se ubican entre los 12 y los 15 millones. "Aún así, sigue siendo elevadísima", indicó Ventura en su intervención en sede parlamentaria.
Un estudio individualizado de cada sentencia
La disminución de la cantidad a pagar se ha realizado tras
un estudio "individualizado" y pormenorizado de cada sentencia, dado que cada caso es diferente y requiere ser considerada bajos distintos criterios. El pago consiste en compensar el dinero que los médico dejaron de percibir por su jubilación forzosa. Dicha cantidad se obtiene entre
lo que hubieran sumado de pensión y por haber trabajado hasta cumplir los 70 años.
Ventura señala al Gobierno del Partido Popular por haber dejado esta herencia envenenada. "
No debemos olvidar el origen de esta situación. La incidencia fue tan negativa que se redujeron las plantillas y generó un contexto de falta de sanitarios", dijo la consejera, que también recordó que ya se acordó
la prolongación de la vida laboral de los médicos y que al menos 120 se han acogido a esta posibilidad.
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