El Gobierno de Aragón se compromete a
pagar los 50 millones de euros restantes por los atrasos de carrera profesional de los trabajadores del Servicio Aragonés de Salud. El consejero de Sanidad,
José Luis Bancalero, ha comparecido este viernes en rueda de prensa para explicar la repercusión de presupuestaria del abono de este derecho correspondiente a los
años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.
"Nosotros creemos en la sanidad pública y en sus profesionales, y por ello
nos comprometimos y vamos a cumplir los acuerdos", ha expresado Bancalero. El consejero de Sanidad ha reconocido un
agujero de 72 millones de euros generada entre 2019 y 2023, durante la gestión del anterior Gobierno presidido por el socialista Javier Lambán, y la Diputación General de Aragón la ha imputado al déficit del año pasado tras recibir la autorización de la Intervención General del Estado.
De esta cuantía,
Sanidad ya ha pagado 22 millones de euros en enero. El Ejecutivo regional ha achacado a estos 72 millones de euros el
déficit del 0,82 por ciento del PIB con el que el Gobierno de Aragón ha cerrado 2023, dos décimas más de lo previsto.
Reproches a la gestión del PSOE
El agujero de 72 millones de euros ha generado fricción entre Bancalero y la portavoz del grupo parlamentario socialista,
Mayte Pérez, que ha criticado que el Gobierno de Azcón mienta y busque culpables para enmascarar el descontrol de su gestión. Por su parte, Bancalero ha asegurado que Pérez "refleja un
desconocimiento total del procedimiento de la carrera profesional y del funcionamiento de la sanidad aragonesa".
En ese sentido, el consejero de Sanidad
ha desmentido que la carrera profesional llevara bloqueada desde 2010, ya que la decisión que se tomó fue "limitar el acceso a los niveles más altos, pero se han mantenido los restantes". Pérez había manifestado poco antes que en abril y junio de 2023 se publicaron sendas órdenes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) que reconocen un acuerdo con los sindicatos para el pago de la carrera profesional, que
llevaba paralizada diez años por una cláusula de las leyes presupuestarias que provienen de la época de la crisis económica.
"Lo que se ha hecho ahora es que aflore y se ponga encima de la mesa
un dinero que el Gobierno anterior no había reconocido y, por tanto, no estaba registrado en las cuentas. Ese importe no estaba ni evaluado, ni reconocido, ni cuantificado", ha destacado Bancalero, quien ha reprochado al Ejecutivo socialista que
se "comprometiera a unos pactos sin haber hecho la memoria económica ni evaluar las consecuencias".
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