Los consejeros aragoneses de Presidencia, Vicente Guillén, y de Sanidad, Sebastián Celaya, han firmado un convenio de colaboración para la implantación de un protocolo de acceso a las bases de datos de las historias clínicas informatizadas que existen en el Servicio Aragonés de Salud (Salud) por parte del personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (IMLA).
Este acceso que quedará abierto exclusivamente para la consulta de la historia clínica de pacientes incursos en una causa judicial, cuando sea necesario para la emisión de informes solicitados por la autoridad judicial, fiscal o Registro Civil.
Celaya ha explicado que, de esta manera, se permite a los forenses “realizar su trabajo con una mayor agilidad y eficacia y se facilitan de forma importante tanto las pesquisas como el trabajo del juez”.
El Salud se compromete a habilitar a los médicos forenses del IMLA un sistema de acceso a la historia clínica electrónica, a través de un procedimiento de control de acceso para la realización de las consultas y descarga de información.
Se trata de una herramienta fundamental para obtener la información necesaria en los casos de internamientos involuntarios, lesiones accidentales, agresiones o violencia sobre la mujer, informes de imputabilidad o drogadicción. En los casos de fallecimiento permitirá establecer la mejor estrategia encaminada a determinar la causa y circunstancias de la muerte.
Por su parte, Guillén, ha recordado que en 2018 entraran en funcionamiento tres unidades de valoración integral de violencia de género, una por provincia, que contarán con un forense, un trabajador social y un psicólogo. “A estos profesionales hay que dotarles de las herramientas oportunas para que los informes, que pasar a ser objeto de valoración judicial, sean realizados con absoluto rigor y el acceso a las historia clínicas de una persona incursa en un proceso judicial es una de estas herramientas”, ha insistido.
Ambos consejeros insistieron en las dificultades para perfilar el texto del convenio debido a la normativa sobre protección de datos y en el hecho de que a los historiales sólo podrán acceder los forenses con la correspondiente autorización judicial.
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