Las
quejas relativas a sanidad denunciadas al Justicia de Aragón se duplicaron en 2021, pasando
de 152 en 2020 a 380 el año pasado. El aumento en el número de avisos por malestar aumentó el año pasado un 253 por ciento, motivado por la
falta de accesibilidad a los centros de salud debido a las restricciones impuestas por la pandemia del Covid-19.
Hasta ahora las
listas de espera quirúrgicas eran las que concentraban la mayor parte de quejas, pero en 2021 el aumento fue principalmente por las
dificultades y excesiva demora para ser atendido en consulta por un profesional de Atención Primaria o para la realización de pruebas diagnósticas, según consta en el informe anual que el lugarteniente del Justicia de Aragón,
Javier Hernández, ha entregado este miércoles al presidente de las Cortes de Aragón,
Javier Sada.
La cifra de
quejas presentadas en Servicios Sociales también se elevó, creciendo un 53 por ciento, y que no solo se refieren a las residencias de mayores, como sucedió en los momentos más duros de la pandemia, sino que el mayor número están relacionadas con problemas con la tramitación y los
cambios relativos en las prestaciones dirigidas a los grupos más vulnerables y en riesgo de exclusión. Algunas de ellas son el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Prestación Aragonesa Complementaria a la renta social.
¿Qué reivindica el lugarteniente del Justicia?
Hernández ha destacado la importancia de mantener la atención presencial a los pacientes. "La telemedicina viene para quedarse, pero tenemos que ver en qué términos se hace.
No podemos confundir términos como teleasistencia y telemedicina", ha indicado el lugarteniente. "La relación digital o con las nuevas tecnologías es posible, pero el ciudadano que tiene una patología quiere ir al centro de salud y que se le atienda, y
eso se ha mermado durante este periodo", ha incidido.
El lugarteniente del Justicia de Aragón ha expresado que no hay diferenciación en esta problemática entre la situaciones vividas en las ciudades o el medio rural, sino que la "posibilidad de autogestión" de los centros de salud
ha provocado "situaciones muy dispares". Hernández ha añadido que "nos encontramos con centros que en un primer momento acometieron la presencialidad y otros en los que la cita previa y la consulta casi única por teléfono ha sido la norma". Desde el Justicia se ha llegado a solicitar al Departamento de Sanidad que se dictaran unas "directrices claras" sobre el funcionamiento de Atención Primaria que
"igualara a todos los aragoneses en esta materia" manteniendo "la posibilidad de autoregulación".
En términos generales,
las quejas recibidas por el Justiciazgo han aumentado un 30 por ciento, pasando de 2.130 expedientes tramitados en 2020 a 2.699 el año pasado. También se incrementaron las resoluciones, 270 en 2021 frente a las 237 que se emitieron en 2020.
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