La
consejera de Sanidad del Gobieno de Aragón, Sira Repollés, ha admitido que
la reducción de la jornada laboral de los sanitarios a 35 horas semanales “no es abordable en estos momentos por su gran calado”. Sí que ha asegurado, no obstante, que aunque
el pago de la carrera profesional a los sanitarios exige modificaciones normativas, trabaja para que se les reconozca
“cuanto antes”.
Así lo ha señalado preguntada por las
posibilidades de llegar a un acuerdo con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF que permita paralizar la
huelga general en el sector convocada para el próximo
31 de marzo, la tercera a la que se enfrenta esta consejera desde que en mayo de 2020 asumió esta cartera.
Según Repollés, estos sindicatos plantean reivindicaciones, “algunas abordables desde el punto de vista presupuestario” pero otras “más complejas porque exigen modificaciones normativas de gran calado, posiblemente dificultosas de realizar en este momento”.
Cree que, desde el punto de vista de la estructura de los servicios y la atención, es
“asumible” implantar las jornadas deslizantes de tarde. Pero en el caso del pago de la carrera profesional de nivel 3 para administración y servicios, exige unas modificaciones normativas “difíciles”, que están intentando abordar “con el fin de proceder a su pago, por considerarlo justo”.
Sin embargo, admite que
implantar la jornada de 35 horas semanales excede las competencias especificas de Sanidad dado que es una negociación que se está llevando a cabo a nivel de función pública y sería necesario abordar con otra serie de departamentos.
Aunque reconoce que se trata de una reivindicación legítima, es un reconocimiento que se negocia a nivel funcionarial cuando en el caso de sanidad la mayoría de los trabajadores son personal estatutario, es decir, que cuentan con una normativa propia, además de que esta área tiene un volumen mucho más elevado de trabajadores, 22.000, que verían modificada su jornada de trabajo.
Un hecho que, ha explicado la consejera,
implicaría tener que contratar a 600 profesionales más -“que no tenemos”, ha dicho-
y un coste de 25 millones de euros anuales, por lo que subraya que tiene que ser una medida progresiva que “se incluya en las medidas generales pero no abordable en este momento por su gran calado”.
Pago de la carrera profesional a sanitarios
El pago de la carrera profesional está
condicionada por la ley de presupuestos desde 2008, por lo que exige una modificación normativa, que sería menor de esperar a la elaboración de los presupuestos de 2024, pero dado la urgencia que exigen los sindicatos, “la voluntad” de Repollés es que “se haga; es cuestión de tiempo pero para ser satisfecha cuanto antes”, ha sentenciado.
Respecto a los acuerdos alcanzados con los sindicatos médicos Cesma y Fasamet, ha recordado que
la administración tiene un plazo de tres meses para evaluar el resultado de las medidas que se han comenzado a poner en marcha en la Atención Primaria este 1 de marzo.
Medidas “muy complejas” porque además dependen de cada centro de salud e incluyen cambios organizativos que permiten la jornada de tarde en virtud de ciertas condiciones diferentes: exención de guardias, consultas de rebosamiento, voluntariedad o incluso jornadas deslizantes.
“
Son de gran envergadura y difíciles de implementar en poco tiempo pero además están condicionadas a que redunden en una mejora de la accesibilidad del usuario y a que se obtenga cita en menos de 3 días”, ha precisado Repollés, quien insiste en que será necesario esperar estos tres meses para poderlas evaluar y proponer modificaciones si hay que hacerlas.
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