Las Cortes de Aragón han aprobado una proposición no de ley (PNL) presentada por Podemos y enmendada por Ciudadanos y el PSOE, que pide que se elabore “un protocolo desde el sistema sanitario público de Aragón a través del que se garantice, a toda la persona que lo solicite, la posibilidad de identificación de la relación de causalidad entre la malformación que presenta y el uso de la talidomida”.
Esta PNL hace referencia a la empresa farmacéutica Grünenthal. Pide al Gobierno regional que exija al estatal “de manera inmediata" a coordinar junto con AVITE "una vía para asumir su responsabilidad para con las víctimas nacionales que se deriven de los oportunos reconocimientos oficiales”. Ante su negativa o inacción, el Gobierno de Aragón los declararía empresa 'non grata' dentro de su comunidad.
Además, la iniciativa solicita “apoyo y asesoramiento técnico para los procesos judiciales que realicen personas afectadas por la Talidomida, a fin de que puedan abordar cuantas acciones sean necesarias para depurar las posibles responsabilidades ante esta tragedia”. Medidas similares se han aprobado ya en Andalucía y Cataluña.
Así la iniciativa insta a crear una base de datos de afectados a los que se les proporcionará apoyo judicial “a fin de que puedan abordar cuantas acciones sean necesarias para depurar las posibles responsabilidades ante esta tragedia”. También hace referencia a la Asociación de Víctimas de talidomida, que serán “beneficiarias de ayudas” con el objetivo de “paliar las injusticias morales, sociales y económicas” que ha sufrido este colectivo.
Por otro lado se pide la creación de una comisión de seguimiento en el Departamento de Salud, y también que se inste al Gobierno central a evaluar, y en su caso revisar, la aplicación del Real Decreto por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España “puesto que se abordó de una forma incompleta con errores en las fechas de expedición y en el protocolo médico y estableció una situación de falta de garantías en la viabilidad económica que respondiese de por vida a la situación de los afectados”.
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