La Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón ha propuesto este viernes que la Comunidad Autónoma asuma las competencias de sanidad penitenciaria. Ha aprobado una proposición no de ley de Cs, enmendada por el PP, que ha contado con el voto favorable de todos los grupos excepto VOX, que ha votado en contra.
La diputada de Ciudadanos Susana Gaspar ha señalado que "esta demanda no es nueva, llevamos casi dos décadas incumpliendo la ley de 2003" y ha afirmado que "en Cataluña y País Vasco esta integración es una realidad, pero en el resto de comunidades no se ha avanzado en este tema".
Gaspar ha dicho que "la transferencia competencial debe ir acompañada de la financiación suficiente para que no afecte al ya maltrecho sistema sanitario aragonés" y que "la población reclusa ha de estar en igualdad de condiciones con el resto de la población para recibir un servicio sanitario de calidad. La diputada ha afirmado que "no solo es necesario hablar de la financiación, sino también de la deuda pendiente del Estado con la Comunidad autónoma de Aragón".
Los grupos que sustentan al Gobierno han enmendado el texto inicial, que señala la Comisión de Transferencias como marco de negociación, enmienda que no ha sido aceptada.
La diputada del PSOE Olvido Moratinos se ha mostrado de acuerdo con la iniciativa y ha afirmado que esto no es una negociación unilateral y que el Gobierno de Aragón está "deseoso" de que estas competencias recaigan en el Ejecutivo autonómico, "aunque hay que negociarlo con el Gobierno central".
La diputada Ana Marín (PP) ha presentado una enmienda, que ha sido aceptada, relativa a la inclusión del personal sanitario en la integración de las competencias. Marín ha manifestado que "llevamos años esperando a que nos llamen desde el Gobierno de España" y por ello "pedimos que desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón se haga fuerza para que esto suceda".
Desde Podemos, Itxaso Cabrera ha afirmado que "se debe dignificar la vida de las personas que viven privadas de libertad" y conseguir la transferencia de las competencias, porque la sanidad penitenciaria "ya le ha costado siete millones de euros a las arcas públicas de la Comunidad autónoma".
En representación de CHA, Isabel Lasobras ha dicho que "es importante llegar a un acuerdo" para disponer de una mayoría parlamentaria "que respalde al Gobierno de Aragón en estas negociaciones con el Gobierno central" y poder "incrementar la capacidad de autogobierno de Aragón".
El portavoz de VOX, David Arranz, ha indicado que "la reivindicación de asumir nuevas competencias es insaciable, cada vez quieren más" y ha considerado que "un preso tiene un mejor tratamiento sanitario que un vecino de un pueblo perdido de Teruel".
Esther Peirat, diputada del PAR, ha reconocido que la atención sanitaria penitenciaria "es un trabajo muy especial y muy complicado" y ha remarcado que "perder el derecho a ser libre no debe significar perder el derecho a una atención sanitaria de calidad".
Álvaro Sanz (IU) ha expresado que "hay que superar la 'isla' que supone para el sistema sanitario todo lo que sucede dentro de las prisiones" y ha pedido "avanzar" para retomar las conversaciones, "como se ha hecho con Navarra o Baleares".
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