El Gobierno aragonés ha hecho una apuesta decidida por la implantación y el desarrollo de la política de prevención de riesgos laborales y promoción de la salud. Esta misma semana ha cerrado un acuerdo unánime con los sindicatos que integran la Comisión Autonómica de Prevención de Riesgos Laborales (CCOO, CSIF, UGT y Cemsatse) que establece una ambiciosa hoja de ruta para la actualización de esta política después de más de veinte años de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de 1995.
El acuerdo, que será ratificado por el Consejo de Gobierno en próximas fechas una vez se cumplan varios trámites, establece plazos concretas para avanzar en la implantación y desarrollo de la política preventiva. Antes del 30 de septiembre de este año se presentará en la Comisión una propuesta de plan marco para la integración efectiva de la prevención de riesgos laborales y la promoción de la salud en la Administración Autonómica.
Tras la aprobación del plan marco en este órgano de participación, los diferentes departamentos y organismos públicos elaborarán, actualizarán y aprobarán los planes de prevención correspondientes a su ámbito de actuación antes del 31 de diciembre. También antes de fin de año se negociará con las organizaciones sindicales la renovación del actual modelo normativo en materia de protección de la seguridad y la salud de los empleados públicos.
Asimismo, se incorporará en la futura Ley de Función Pública, actualmente en fase de anteproyecto, una referencia explícita al derecho a la protección de la seguridad y la salud de los empleados públicos, así como las correspondientes previsiones sobre las obligaciones en la materia y las consecuencias de su incumplimiento.
Finalmente también hay fecha para asumir progresivamente la práctica de los exámenes de salud de todos los empleados públicos de la Administración Autonómica con medios propios de ésta; un proceso de internalización que se completará con anterioridad al 31 de diciembre de 2017.
En todo este proceso se considera prioritaria la participación efectiva de los empleados públicos en todas aquellas decisiones que afecten a su seguridad y su salud. Con ese objetivo, como establece el acuerdo, se negociará con las organizaciones sindicales más representativas la adaptación del actual acuerdo de participación en materia de prevención en materia de prevención de riesgos laborales.
De esta forma, el Gobierno de Aragón afirma y fortalece así su compromiso con la seguridad y la salud de los más de 50.000 empleados públicos que prestan sus servicios en la administración y el sector público de la Comunidad Autónoma, en colaboración directa con los representantes sindicales, que participarán en el seguimiento del desarrollo y cumplimiento de este acuerdo.
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