Abengochea: "Es ilógico que jefes de Servicio ejerzan en pública y privada"

Marta Abengochea lidera la candidatura de la coalición Izquierda Unida y Movimiento Sumar (IU-Sumar) a la Presidencia del Gobierno de Aragón, con la que aspira a continuar representada en las Cortes de Aragón y mejorar los resultados de las últimas elecciones. Para los comicios autonómicos del 8 de febrero, Abengochea detalla en una entrevista en Redacción Médica la hoja de ruta en sanidad de IU-Sumar.

Crítica con la gestión del Gobierno del Partido Popular, la candidata defiende que es"necesario huir del hospitalocentrismo, de la fascinación tecnológica, y devolver a la Atención Primaria el prestigio social que siempre ha tenido". Además, Abengochea se moja sobre la negociación del Estatuto Marco, que también menciona en su programa electoral, y ve "ilógico" que los profesionales de Medicina que trabajan en la sanidad pública hagan la competencia a esta trabajando en el sistema privado, especialmente en los puestos de jefaturas de Servicio.

¿Qué valoración hace de la gestión de la sanidad aragonesa por parte de Jorge Azcón y José Luis Bancalero?

La valoración es muy negativa. La sanidad aragonesa está siendo sometida a un proceso deliberado de deterioro que no es fruto de la casualidad, sino de una orientación y estrategia política clara: reducir la capacidad del sistema público para justificar su externalización. Estamos viendo una pérdida progresiva y alarmante de la capacidad asistencial del sistema público de salud para atender a todas las necesidades de salud de la población. Vivimos un desprestigio y colapso en la Atención Primaria que ya ha producido sus primeras externalizaciones de servicios. Seguimos padeciendo un aumento de las listas de espera para recibir atención especializada hospitalaria y una demora insufrible para pruebas diagnósticas básicas, con la utilización creciente de fórmulas de privatización encubierta que desvían recursos públicos a intereses privados. Es una gestión que da la espalda a la mayoría social y pone en riesgo un derecho básico.

Bancalero anunció una auditoría que no ha hecho, anunció una modificación del mapa sanitario que se basaba solo en el número de cartillas, sin tener en cuenta ningún otro factor como la dispersión, el envejecimiento o los centros asistenciales a los que dar cobertura, y ha retrasado la resolución de la oferta de empleo público para argumentar la necesidad de privatizar servicios dentro de los hospitales públicos.

¿Cómo pretende mejorar la situación de la sanidad, que califican de cada vez “más deteriorada y degradada”?

La sanidad pública se defiende apostando por ella, no debilitándola. Nuestra propuesta pasa por reforzar centros y profesionales allá donde más se necesite para garantizar la equidad y la accesibilidad a los mismos. Esto, en Aragón, con su gran dispersión geográfica, es tremendamente importante. Y esto requiere de una planificación real de los recursos, allá donde se necesiten, favoreciendo con medidas incentivadoras y organizativas la cobertura en zonas rurales y hospitales comarcales. No hay interés político actual ni futuro de la derecha en hacer esto. Es necesario huir del hospitalocentrismo, de la fascinación tecnológica, y devolver a la Atención Primaria el prestigio social que siempre ha tenido, así como su capacidad resolutiva, de coordinación y de eje del sistema. El objetivo de todo sistema público es poner al paciente en el centro, la toma de decisiones compartida, y hacerle partícipe de la gestión, haciéndola transparente.

Apostamos por una organización sanitaria centrada en las personas, con planificación, coordinación y criterios de eficiencia social, no mercantil. Reducir listas de espera con evaluación y medidas estructurales, fortalecer los equipos, mejorar la atención comunitaria y reorientar el sistema hacia la salud y la prevención son ejes centrales de nuestra propuesta.

"El problema es la proliferación de estructuras jerarquizadas y de capas intermedias sin capacidad real de tomar iniciativas y de gestionar"

Si de usted depende, ¿revertirá la externalización del ámbito sanitario que ha denunciado?

Rotundamente sí. La externalización no es una solución que mejore la eficiencia del sistema; es una decisión ideológica que genera desigualdad, encarece el sistema, deriva recursos públicos a las organizaciones privadas y precariza las condiciones laborales. Lo primero que haríamos sería derogar la Ley 15/97, que abrió la puerta a este sinsentido que considera la salud como un negocio. Apostamos por la gestión pública directa como principio general, revisando las externalizaciones existentes, evaluando su impacto real y recuperando para lo público aquellos servicios que hoy están en manos privadas sin justificación objetiva. El dinero público debe servir para reforzar lo público, no para alimentar negocios privados.

Queremos recordar que la contrata del transporte sanitario urgente ha reducido drásticamente las condiciones laborales de los trabajadores y recibe 600.000 euros mensuales que deberían ir a nóminas, sin que la Administración, que es conocedora, haya hecho nada para corregirlo.

¿Cuánto reduciría el personal sanitario dedicado a gestión y qué cargos se verían afectados?

No se trata de reducir puestos de gestión porque sí. No planteamos recortes indiscriminados, sino una reorganización profunda y una valoración planificada de la necesidad de puestos de gestión que realmente apoyen a los profesionales en la atención a las personas. El problema es la proliferación de estructuras jerarquizadas y de capas intermedias sin capacidad real de tomar iniciativas y de gestionar, que alejan la toma de decisiones de la realidad asistencial. Proponemos reducir el peso de la gestión burocrática innecesaria y recuperar profesionales para tareas asistenciales, fortaleciendo equipos y mejorando la coordinación desde una lógica de servicio público y no de control administrativo.

¿Cuál es su receta para hacer frente a la falta de profesionales sanitarios?

No hay recetas mágicas, pero sí hay informes técnicos solventes, desde hace bastantes años, realizados por profesionales tan potentes y cualificados como la profesora Beatriz González, de la Universidad de Las Palmas. Los políticos son conocedores y, desgraciadamente, el caso ha sido omiso. Estos acreditados informes técnicos, que compartimos, concluyen que falta planificación, condiciones laborales dignas y estabilidad, así como una reorganización de recursos humanos con valoración de las necesidades presentes y futuras, evitando que los profesionales se concentren en los grandes hospitales, vaciando las zonas rurales y comarcas de profesionales de medicina, Enfermería y otros. Es necesario apostar, obviamente, también por procesos selectivos ágiles, mejora de las condiciones de trabajo, conciliación y reconocimiento profesional que haga atractivo quedarse en la sanidad pública, especialmente en el ámbito rural. Cuidar a quienes cuidan es una condición imprescindible para garantizar una sanidad de calidad.

Un ejemplo: durante estos años hemos sufrido la falta de cobertura de plazas de Medicina de Familia en el ámbito rural y urbano, que han intentado suplir con 150 médicos sin especialidad, deteriorando la calidad. Pero la realidad es que han acumulado la oferta de empleo público de 2022, 2023 y 2024, con un total de 259 plazas fijas por turno libre y 73 por promoción interna, que, si se hubieran convocado antes, habrían aligerado ese déficit, ya que las plazas difíciles de cubrir son las temporales.

"La negociación del Estatuto Marco debe servir para fortalecer la sanidad pública, no para adaptarla a lógicas privatizadoras"

¿Defiende la exclusividad médica y que los MIR, una vez terminen, ejerzan de forma obligatoria en la sanidad pública?

Defendemos que los profesionales de Medicina que trabajan en la sanidad pública no hagan la competencia a la sanidad pública trabajando en el sistema privado, especialmente en los puestos de jefaturas de Servicio. Es ilógico. Primero, porque queremos profesionales que trabajen una sola jornada laboral diaria en nuestros centros de salud y hospitales, y que lo hagan en condiciones laborales dignas, y que el sistema público tenga prioridad y centralidad. La inversión pública en formación debe revertir en el fortalecimiento del sistema público, y eso exige debatir con seriedad medidas que garanticen que ese talento no se pierda en el sector privado tras ser financiado con recursos de todas. Siempre desde el diálogo, el respeto a los derechos laborales y la planificación a largo plazo.

¿En qué coincide con los sindicatos en la negociación del Estatuto Marco y cuáles son sus líneas rojas?

Coincidimos en la necesidad de mejorar las condiciones laborales, en reconocer la sobrecarga asistencial, en reforzar la estabilidad y en garantizar derechos laborales que dignifiquen a los profesionales. Así se dignifica también la sanidad pública. Nuestra línea roja es clara: no aceptar retrocesos, ni precarización, ni un modelo que siga empujando a profesionales fuera del sistema público. La negociación debe servir para fortalecer la sanidad pública, no para adaptarla a lógicas privatizadoras.

En materia legislativa proponen una ley de Salud Mental y actualizar la ley de Derechos y Garantías. ¿Cuál es su enfoque?

La Ley de Salud Mental es absolutamente necesaria para atender a una situación epidémica en nuestra sociedad. No es de recibo que las deficiencias de la atención a las personas que sufren problemas de salud mental sean cubiertas por organizaciones fuera del ámbito de lo público. Hay que agradecer su esfuerzo, pero la salud mental debe entrar de lleno en la financiación pública en todos sus procesos y fases. Nuestro enfoque es integral y comunitario. La salud mental no puede seguir siendo la gran olvidada del sistema. Apostamos por una ley que refuerce la red pública, priorice la atención comunitaria, garantice derechos y ponga el foco en la prevención, la detección precoz y la coordinación sociosanitaria. Igualmente, actualizar la ley de Derechos y Garantías es fundamental para asegurar la participación de la ciudadanía y situar a las personas en el centro del sistema, una ley que lleva pendiente desde antes de 2019.

¿Qué otra medida sanitaria o compromiso electoral quiere comentar?

Quiero subrayar nuestro compromiso con un sistema sanitario orientado a la salud, centrado en la persona y no solo en la atención de la enfermedad. Esto implica integrar la Salud Pública en todas las políticas, reforzar la promoción y la prevención, abordar los determinantes sociales de la salud y construir un modelo que cuide a la gente a lo largo de toda su vida. Hay suficientes evidencias de que la atención longitudinal por el mismo profesional disminuye la morbimortalidad de las personas a las que atiende. Este enfoque debe ser contemplado. Defender la sanidad pública es defender la cohesión social, la accesibilidad, la igualdad y la dignidad de la mayoría social.