Vox ha pedido este martes al
Gobierno del PP y Ciudadanos que "colabore en la
repatriación de 52.000 inmigrantes ilegales". Por ello, el partido quiere que la
Consejería de Salud y Familias, dirigida por
Jesús Aguirre, entregue la documentación que posee, ya que así se podría acelerar el "inicio de los
expedientes de expulsión".
Las demandas del partido chocan con la legislación en materia de protección de
datos actualmente vigente en España (el Reglamento Europeo de Protección de Datos aprobado en 2018 y de cumplimiento obligado para los estados miembros) que dicta que las
administraciones no pueden compartir datos entre sí para fines distintos de aquellos para los que dichos datos fueron originalmente recogidos.
Además, los
datos sanitarios son considerados especialmente sensibles, por lo que su cesión únicamente está permitida con consentimiento explícito del paciente, en el marco de una investigación y bajo autorización de un juez o la Fiscalía, o para fines históricos o estadísticos siempre que se mantenga el anonimato de los afectados.
Vox ha criticado que "pese a las
repetidas solicitudes de los representantes policiales" la
Consejería de Sanidad no entregó la documentación requerida. Además, el partido ha pedido adicionalmente "el cumplimiento íntegro de los puntos del acuerdo alcanzado para la investidura del presidente actual de la Junta de Andalucía" y sostiene que "los
400.000 votantes" del partido "exigen medidas de urgencia" en materia laboral, una bajada de impuestos, defensa de "la familia" y "la vida", eliminación de "leyes ideológicas" y "respeto" a la "decisión de los padres para decidir la educación de sus hijos".
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