Redacción. Sevilla
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha solicitado al Ministerio de Sanidad una moratoria de seis meses para adaptarse al nuevo Real Decreto que regula la incapacidad temporal, incluyendo un nuevo sistema de bajas y altas médicas, y que ha entrado en vigor este martes.

Aquilino Alonso, consejero de Salud.

Fuentes de la consejería de Salud señalan que el SAS tendrá hasta el 1 de junio de 2016 para poder adaptar "adecuadamente" los sistemas de información a los nuevos requerimientos, por lo que no comenzará a funcionar la aplicación informática con la nueva periodicidad de partes de forma automática hasta que haya seguridad de que "su puesta en marcha se realiza correctamente".

De este modo, dichas fuentes añaden que ahora es necesario modificar la actual aplicación informática que utiliza el SAS para gestionar los partes de baja laboral y los periodos de emisión de los mismos, así como las transferencias de estos datos entre el SAS y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que permiten el control económico de estos procesos de incapacidad temporal.

En este sentido, recuerdan que Andalucía ya cuenta con un sistema informático en todas las consultas médicas de atención primaria, por el cual se gestionan todas las situaciones de la incapacidad temporal, y apuntan que en la actualidad "se están elaborando las modificaciones necesarias" para que la emisión de los partes de baja, confirmación y alta se adapten a las nuevas cadencias fijadas por el RD, según la duración probable de la enfermedad y el grupo al que pertenece, así como de los nuevos modelos de partes, nuevos campos a cumplimentar, protocolos de envío y recepción de ficheros al INSS,  "de modo que las modificaciones habidas se realicen en su mayor parte de forma automática por el sistema informático". "En el momento que el sistema esté adaptado se hará la comunicación y formación oportuna a los facultativos".

Hasta el momento, sólo dos comunidades autónomas, Galicia y Cataluña, han empezado a implementar el nuevo sistema.  La teoría marcaba que esta iniciativa entraba en vigor este martes, seis meses después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara la orden ministerial que regula el real decreto de gestión y control de procesos de incapacidad temporal. Sin embargo, el resto de comunidades autónomas, a excepción de Navarra donde empezará a funcionar el próximo día 14 y País Vasco que esperará a enero, han alegado problemas informáticos para aplazar sine die su arranque.