La
Consejería de Salud ha solicitado la custodia de las
historias clínicas de las personas
afectadas por el cierre de las clínicas de iDental a los distintos juzgados implicados en este caso. Con esta acción, la Consejería de Salud persigue facilitar y agilizar que las personas afectadas puedan
disponer de la documentación, relativa a su historia, que necesiten para los procesos administrativos y judiciales en marcha así como para continuar el tratamiento o resolver aspectos clínicos.
De esta forma,
profesionales documentalistas de la sanidad pública andaluza, una vez autorizados por el Juzgado Central de la Audiencia Nacional que lleva el caso, procederán a identificar, custodiar y clasificar la información procedente de estas historias de las que se podrá dar
copia a los usuarios que así lo requieran. Hasta el momento, se han remitido ya historias clínicas por parte de los juzgados en Córdoba y Málaga y se está a la espera de recibir la documentación clínica en el resto de provincias.
Actuaciones realizadas
La Consejería de Salud ha mantenido ya
diversas reuniones con las plataformas de las personas afectadas para informarles de estas novedades. Asimismo, se han producido contactos con el Consejo Andaluz de Colegios de Dentistas para coordinar acciones conjuntas y solicitar la colaboración de sus profesionales para la realización de valoraciones de trabajos pendientes de realizar en el tratamiento contratado.
Desde l
a Dirección General de Consumo se recuerda a las personas afectadas por el cierre de las clínicas de la cadena iDental en Andalucía que pueden dirigirse a alguno de los
Servicios Provinciales de Consumo de la Junta de Andalucía, o a la OMIC de su Ayuntamiento, para tramitar su reclamación a la compañía. También pueden recibir información y asesoramiento gratuito a través del servicio público Consumo Responde, una plataforma multicanal accesible a través del número de teléfono 900 21 50 80, la página web www.consumoresponde.es y el correo electrónico consumoresponde@juntadeandalucia.es.
Además, se han publicado en la página web de
Consumo Responde los
protocolos de actuación que las distintas entidades prestamistas que trabajaban con iDental están aplicando con las personas afectadas por el cierre de las clínicas que tuvieran un tratamiento financiado con ellas. Se trata de BBVA, Banco Cetelem, EvoFinance, Pepper Finance Corporation y Sabadell Consumer. Entre otras cuestiones, todas estas entidades se han comprometido a
no incluir en los ficheros de morosidad o registros de solvencia patrimonial a las personas afectadas en caso de impago de algún recibo.
La difusión de estos protocolos se produce como resultado de la labor de mediación que está desarrollando la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud con las diferentes entidades prestamistas, con el objetivo de
asegurar la suspensión inmediata del cobro del crédito al consumo concertado, para que las personas afectadas por el cierre de las clínicas no tengan que seguir abonando estos servicios que no están recibiendo. Al mismo tiempo, se están manteniendo nuevas conversaciones con las diferentes entidades para aclarar algunas incidencias reportadas por las personas afectadas, y
darles una solución satisfactoria.
Reclamaciones, denuncias, sanciones y casos remitidos a Fiscalía
La Dirección General de Consumo ha recibido y tramitado más de
4.100 reclamaciones relacionadas con las seis clínicas de IDental en Andalucía. La mayor parte de estas reclamaciones se han producido en lo que va de año. Asimismo, se han iniciado hasta la fecha varios procedimientos sancionadores contra la empresa por prácticas comerciales desleales, por desatención a los consumidores, por no atender los requerimientos formulados por la Administración, por introducir cláusulas abusivas en los contratos, por no contestar la hoja de quejas y reclamaciones y por fraude en la prestación de servicios, entre otras cuestiones.
En total, consta que se han levantado
97 actas de inspección a las seis clínicas existentes, y se han iniciado
35 procedimientos sancionadores, con una sanción total de
1,2 millones de euros. Además, desde los Servicios Provinciales de Consumo se siguen remitiendo a Fiscalía los casos que se van analizando para que se determine si se ha podido producir un delito de estafa.
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