Profesionales médicos y del sector sanitario, representantes sindicales y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad se han reunido esta mañana en la Subdelegación de Gobierno para abordar las medidas policiales aprobadas el pasado mes de julio por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. El objetivo es evitar que sigan produciéndose agresiones al personal médico y sanitario en los hospitales y centros de salud de la provincia de Almería.
Durante el encuentro se ha analizado cuál es la situación que viven a diario médicos y personal de enfermería en los hospitales y en la Atención Primaria. Para el desarrollo de las medidas que se pongan en marcha, la Subdelegación del Gobierno ha nombrado como interlocutor al teniente coronel de la Guardia Civil, José Hernández Mosquera.
El último caso afecta a los médicos, enfermeras, celadores y guardias jurados del CARE Nicolás Salmerón. Tal y como informa La Voz de Almería, tanto el Sindicato Médico como el Sindicato de Enfermería (Satse) reclaman que haya más presencia policial en las Urgencias y en los centros de Atención Primaria donde todavía no hay seguridad.
De hecho, para el presidente del Sindicato Médico, Francisco Durán, "el botón del pánico no es la solución porque si hay una agresión necesitamos que se actúe en dos segundos, no en cinco minutos cuando llegue la Policía Local. No podemos esperar a que suene el botón para que vengan a socorrernos, porque en dos o tres minutos, al médico o a la enfermera le pueden haber dado una paliza”.
Las agresiones a profesionales de la salud afectan especialmente a médicos y personal de enfermería. Según datos de Satse ocho de cada diez enfermeras han sido víctimas de una agresión verbal o física en su trabajo en España.
Descienden las agresiones en Andalucía
En Andalucía, siempre según los datos del sindicato, las agresiones han disminuido en los últimos años gracias a las medidas preventivas que se han puesto en marcha y al endurecimiento de las medidas judiciales.
En 2015, la aprobación de una enmienda al artículo 550 del Código Penal estableció que agredir a médicos cuando trabajan es un atentado contra la autoridad y conlleva hasta cuatro años de cárcel. La consideración abarca a cerca de 600.000 funcionarios docentes y a más de 115.000 médicos y 165.000 enfermeros contabilizados en el Sistema Nacional de Salud, además de fisioterapeutas, técnicos y otros profesionales que se suman a otros empleados públicos ya considerados autoridad, como jueces o policías.
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