El
Pleno del Parlamento de Andalucía ha dado este miércoles luz verde, con los votos favorables de
PSOE-A y Adelante Andalucía, mientras que
PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox se han abstenido, a la toma en consideración y tramitación de una
iniciativa legislativa popular (
ILP), que tiene la calificación de
proposición de ley, que persigue dar estabilidad en el empleo de casi
30.000 trabajadores interinos de la Junta, a través de una
OPE mediante un proceso
selectivo exclusivamente por concurso de méritos.
Esta ha sido la segunda ocasión en más de tres décadas en la que se ha hecho uso del llamado '
Escaño 110' del Parlamento de Andalucía, que permite a los ciudadanos defender en el hemiciclo iniciativas legislativas que vengan avaladas
por al menos 40.000 firmas, mientras que sido la primera vez en la
Cámara autonómica que se ha aceptado la toma en consideración y tramitación de una ILP.
En la exposición de motivos de la iniciativa, que tuvo el respaldo
de más de 51.000 firmas de andaluces y que ha sido defendida ante el Pleno por
el portavoz de la comisión promotora, David Núñez, se indica que las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado, particularmente a partir del año 2012, han sido restrictivas en lo que se refiere a la incorporación de personal al sector público, impidiendo la convocatoria de procesos selectivos para el nombramiento de
personal funcionario de carrera o estatutario de la Junta.
Se añade que en la administración pública de la Junta de Andalucía "no se ha afrontado con acierto el desafío de estas limitaciones en el empleo público, en cuanto instrumento imprescindible para la prestación de servicios públicos y de calidad de los mismos, que mejora y aporta valor
a dicha prestación de servicios, desamparando particularmente al conjunto de funcionarios interinos y personal eventual, cuyo nombramiento, en consecuencia, se ha venido prolongando en el tiempo
desproporcionadamente, a extramuros de la legalidad aplicable".
Sentencia europea
Se recuerda que reiteradas sentencias del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea han puesto de manifiesto este abuso en el tiempo de duración de los nombramientos de funcionarios interinos y personal eventual en el conjunto de administraciones públicas de España y avalan el juicio de distintos tribunales superiores de justicia, que están reconociendo la condición de indefinidos a funcionarios interinos, además de
obligar a las administraciones públicas competentes respectivas a indemnizarles por despido cuando reglamentariamente están resultando cesados.
"La justicia, por tanto, reconoce la situación de incumplimiento de la legalidad en que se ha venido incurriendo por parte de las
administraciones públicas nacional, locales y autonómicas, toda vez que se mantenía y mantiene en el tiempo el nombramiento de funcionarios interinos o personal eventual más allá de lo que expresamente
permite la normativa de aplicación al respecto", según se recoge en la iniciativa legislativa.
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