El
Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles el real decreto de simplificación y racionalización gubernamental, destinado en esencia a desburocratizar la administración autonómica y, por ende, el
Servicio Andaluz de Salud (SAS). Según los cálculos del Gobierno de Juanma Moreno, la norma, bautizada como
‘Plan AS’, afectará a cerca de 900.000 contratos menores del sistema sanitario.
La Cámara andaluza ha dado luz verde al decreto con el
apoyo de 70 parlamentarios y 37 ‘noes’. El RD no se tramitará como proyecto de ley, como reclamaban PSOE y Vox, al considerarse “urgente”.
El Ejecutivo de Moreno avanzó que
el RD, que fue aprobado por el Consejo el pasado 6 de febrero, permitirá reducir en un 90 por ciento el número de aplicaciones que se utilizan en la Junta de Andalucía, “
pasando de tener más de 1.000 a menos de 100”. “Además, recoge más de
450 medidas de simplificación administrativa para mejorar la relación entre ciudadanos y administración con el objetivo de
acabar con la complejidad normativa, con la maraña administrativa, los procedimientos farragosos, las duplicidades y la lentitud en la tramitación”, sostuvo.
Evaluación del impacto en la salud
En el caso concreto de la sanidad se pretende mejorar el procedimiento de
evaluación de impacto en la salud para “aclarar y establecer, de forma eficiente, qué instrumentos se someten a informe, eliminando algunos”. “De esta manera, se facilita la emisión en un menor plazo y se reasignan de forma eficiente las competencias para que la firma de los informes corresponde a las personas titulares de las ocho delegaciones territoriales”.
Por otro lado, se modifican normas y se toman medidas para que
las licitaciones autonómicas sean lo más ágiles y eficaces posible, manteniendo todas las garantías. Se eliminan trámites a los que estaban obligadas las empresas licitadoras, que a partir de ahora se integrarán de forma automática en el propio expediente de contratación. Se espera
reducir hasta en dos meses el tiempo de tramitación de los expedientes de contratación.
Recursos del PSOE ante el Tribunal Constitucional
La norma ha contado con el rechazo explícito del PSOE, que ha avanzado su intención de llevarla al
Tribunal Constitucional. “No estamos ante un decreto de simplificación, sino ante un ‘ómnibus’ tipo
Milei donde han metido todo tipo de normas”, ha denunciado el parlamentario socialista
Josele Aguilar.
En su respuesta, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa,
Antonio Sanz, ha defendido que "
simplificar no es desregular". “El hecho de que eliminemos trámites y agilicemos tiempos no implica en ningún caso la ausencia o la falta de cumplimiento de la legalidad vigente", ha aseverado.
En este sentido, ha reivindicado la simplificación administrativa, "entendida como
política pública de carácter transversal", como "un pilar fundamental para promover la productividad, la creación de empleo, la atracción de inversiones y el crecimiento sólido y estable de nuestra economía, al mismo tiempo que sirve para contribuir a una mejora en la prestación de los servicios y, consecuentemente, del bienestar de los ciudadanos”.
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