Redacción. Sevilla
La Junta de Andalucía ha abierto a la participación ciudadana el Anteproyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía y hasta el 15 de octubre todos los organismos, entidades, colectivos y ciudadanía en general pueden formular las alegaciones que estimen pertinentes al texto de la futura ley.
 
En un comunicado, la Junta ha explicado que esta fase del proceso de elaboración responde al acuerdo del Consejo de Gobierno de junio, cuando se aprobó el texto del anteproyecto y se estipuló la necesidad de realizar consultas y dictámenes, entre las que se cuenta el sometimiento a información pública de la futura ley.
 
En este sentido, durante el plazo, el texto estará disponible en la Consejería de Salud y en la web 'http://www.juntadeandalucia.es/salud', así como en las delegaciones territoriales. Además, podrá consultarse en el portal de la administración de la Junta en la dirección 'http://juntadeandalucia.es/servicios/normas-elaboracion/detalle/65195.html'.
 
Las alegaciones pueden formularse por escrito a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y presentarse en registro público, preferentemente en el de la propia Consejería.
 
Blindaje de la sanidad
 
La Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público "tiene como objetivo blindar la sanidad pública" y se trata de "una norma pionera en España" que podría estar aprobada en el primer trimestre del próximo año y que "garantizará y reforzará los derechos constitucionales y estatuarios en esta materia para cualquier persona, independientemente de sus circunstancias sociales y económicas, y bajo los principios de universalidad, equidad, solidaridad social e igualdad", ha destacado la consejería.
 
Entre otras novedades, el anteproyecto "determina expresamente que en ningún caso se establecerán sistemas de copago para las prestaciones de la cartera complementaria de servicios en el ámbito de competencias autonómicas".
 
Asimismo, faculta a la Junta para arbitrar las medidas necesarias orientadas a "minimizar el impacto en la ciudadanía de este tipo de medidas, en caso de que la normativa básica estatal las prevea en las prestaciones incluidas en la cartera común".
 
La Junta ha añadido que la futura ley dará así rango legal "a iniciativas que la Junta ya viene desarrollando frente a los copagos impuestos por el Gobierno central, como la que ha evitado, a través de la receta electrónica, que los pensionistas andaluces hayan tenido que adelantar cerca de 100 millones de euros por la aplicación del copago en farmacia impuesto por el Real Decreto Ley 16/2012".
 
El anteproyecto recoge las medidas para "garantizar la perdurabilidad del sistema sanitario público, sus principios, los derechos de la ciudadanía, el acceso a su cartera de servicios y la universalidad de la asistencia", ha recordado la Administración autonómica. En este sentido, "junto a la obligatoriedad de consolidar el mantenimiento y funcionamiento de los servicios, así como la naturaleza pública y universal de la prestación asistencial, se refuerzan los nuevos derechos que ya tiene reconocidos la población andaluza en el ámbito de la salud, como los del acceso a todas las prestaciones y al historial médico, la segunda opinión médica, la libre elección de médico, los cuidados paliativos y el consejo genético y la medicina predictiva".