La
reclasificación del personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud (SAS) "necesita un marco legal estatal", ha afirmado el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El Ejecutivo ha asegurado que la modificación "requiere una norma estatal, con rango legal, para regular la materia en cuestión". De esta manera, el equipo de Juanma Moreno ha contestado a la proposición de ley relativa a la reclasificación de personal estatutario del SAS que ha presentado el grupo Por Andalucía en el Parlamento.
"Es necesario un desarrollo de ámbito nacional", ha indicado la Junta. "Según la normativa y jurisprudencia aportada,
es necesaria una norma estatal, con rango legal, que regule la materia, así como la necesaria coordinación entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas para evitar indeseables disfunciones, ya que se trata de
categorías profesionales sanitarias con implantación en todo el territorio nacional reguladas en el Real Decreto 184/2015, de13 marzo", han explicado.
Reclasificación del personal del SAS
Asimismo, han manifestado que, "aunque se trata de una Proposición de Ley que no tendría impacto en 2024, sí que
debería contemplar el impacto económico que generará a partir de 2025 y que compromete ejercicios futuros". La Junta también ha subrayado que "tiene especial interés en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales del SAS". En ese sentido, ha puesto el foco en el Acuerdo para la Estabilidad del Empleo y el Desarrollo Profesional en el
SAS, el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades del SAS o la Orden de Estatutarización del personal de las extintas agencias públicas sanitarias.
También han afirmado que el
poder adquisitivo de los trabajadores del SAS "se ha incrementado en un 14 por ciento, se ha puesto fin a los contratos de menos 6 meses, se ha apostado por la equiparación y mejora retributiva con la extensión del complemento específico de la exclusividad, la jornada complementaria y la atención continuada, entra otras muchas medidas". Por último, han hecho hincapié en que "un total de 51.227 profesionales se han beneficiado de los concursos de traslados y las
ofertas de empleo público (OPE) celebradas desde 2018 están logrando estabilizar a cerca de 64.000 profesionales".
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