Manuel
Jiménez Barrios, vicepresidente de la
Junta de Andalucía, ha hecho un llamamiento al “diálogo” para que se resuelva el conflicto con
Clínicas Pascual renovando el concierto con la citada empresa porque “el tiempo se está agotando”. Palabras que llegan después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía emitiera ayer una sentencia en la que
obliga a la Administración andaluza a pagar 14,8 millones de euros a la corporación sanitaria, decisión por la que la Administración va a acudir al Tribunal Supremo.
El representante ha comentado que “quiere llegar a un acuerdo” con Clínicas Pascual, por lo que la empresa tiene sobre la mesa
una oferta del Servicio Andaluz de Salud “buena y aceptable”. Es decir, que la Junta ofrece “más dinero” que por el anterior concierto, además de una vigencia por cuatro años en lugar de dos, que es lo que estipulaba el anterior acuerdo para los seis hospitales que tienen en Cádiz, Huelva, El Puerto de Santa María, Villamartín y Sanlúcar de Barrameda, extinto en enero de 2014.
El vicepresidente ha asegurado que el desacuerdo es "por el precio" de este concierto, que la Junta ha establecido en base a "informes técnicos y jurídicos" y a la legalidad.
"La empresa quiere cobrar lo que la Junta no puede pagar" porque la sanidad pública "no puede verse en manos de decisiones de la empresa privada", ha sentenciado.
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