La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha cuestionado los criterios de fiscalización que ha llevado a cabo la Cámara de Cuentas en su último informe, y ha negado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) pagara sobresueldos a altos cargos del sector sanitario en el año 2013.
Según ha asegurado Montero, la explicación de esos "sobresueldos" se basa en las responsabilidades de gestión que asumieron los jefes de servicio en sus respectivas áreas. Por otra parte, la Cámara de Cuentas ha fiscalizado el gasto público de Andalucía y mantiene, en su informe, que ese año, la Junta habría tenido un coste irregular valorado en dos millones de euros en las arcas públicas.
Por lo que la consejera -que era titular del departamento en ese año- ha dudado de los criterios de fiscalización que ha llevado a cabo la institución, además de negar que el SAS efectuara dichos sobresueldos a altos cargos.
Por lo que Montero defiende que los sueldos de los altos cargos están cumpliendo los topes que marca la ley -no superar el sueldo fijado para la presidenta andaluza Susana Díaz-. Pero según este informe, los altos cargos de los centros habrían cobrado cantidades superiores a lo establecido.
“No son directivos; se trata de jefes de servicio que han cobrado legítimamente por conceptos derivados de su trabajo como personal sanitario, como por ejemplo las guardias”, concluye Montero.
La explicación que han dado desde la Consejería es que, estos sobresueldos, se destinaron a jefes de servicio que habrían asumido responsabilidades de gestión en sus áreas pero que, sin embargo, mantienen obligaciones asistenciales. Un hecho que se vería incrementado en sus nóminas, además de variables económicas que suponen un aumento, como las guardias.
Finalmente, la consejera ha remarcado que la limitación salarial establecida no afecta al resto de los profesionales a sueldos de la administración pública que -existen casos- pueden estar por encima del sueldo de la presidenta andaluza. Sin embargo, la Cámara de Cuentas entiende que el SAS debería de pedir el reintegro de las cantidades cobradas de más por estos directivos en ese ejercicio.
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