El Consejo de Gobierno ha encargado al
consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía,
Jesús Aguirre, a elaborar y poner en marcha un nuevo
Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del sistema sanitario público andaluz.
Entre las medidas de mejora planteadas, se incluye la introducción de
líneas de investigación orientadas a
aclarar las causas y a conocer los factores predictivos de situaciones de agresividad en pacientes, sus acompañantes o familiares que permita identificar situaciones de
riesgo potencial. Además, se van a propiciar medidas de prevención y concienciación.
El acuerdo se produce tras la constatación de que, en los últimos años, las acciones violentas por parte de usuarios del sistema sanitario o de sus familiares y allegados hacia los profesionales
han experimentado un aumento en los países industrializados, lo que constituye un motivo de gran preocupación para estos profesionales.
En Andalucía, según los últimos datos disponibles de cierre de 2018, se registraron
1.234 agresiones, de las que 267 fueron físicas; mientras que en 2017 se registraron un total de
1.115, de las que 284 fueron agresiones físicas.
Respecto a las agresiones físicas, siguen siendo Málaga y Sevilla las provincias con mayor número de incidencias registradas (81 y 52, respectivamente). Almería y Huelva, con 15 y 24 casos, fueron las provincias en las que menos agresiones físicas se registraron en 2018.
Derechos y deberes
La Consejería de Salud y Familias considera que el Sistema Sanitario Público de Andalucía debe profundizar en el respeto del ejercicio de los
derechos que tienen reconocidos los usuarios, pero también, de forma recíproca,
debe exigírsele el cumplimiento de sus deberes. Entre éstos está hacer un
uso adecuado de los servicios sanitarios en un ambiente de mutua cordialidad, confianza y respeto, en aras de la mejora de las relaciones entre los ciudadanos y los profesionales de la salud.
En abril de 2005 se puso en marcha el
Plan de Prevención de Agresiones para los profesionales del Sistema Sanitario Público, con el objetivo de dotar a los profesionales de la sanidad pública de las
medidas de seguridad y la formación necesarias para minimizar las posibles agresiones que pudieran sufrir en sus centros de trabajo. Tras más de una década de funcionamiento del plan resulta oportuno identificar opciones de mejora para plantear estrategias y acciones más eficaces, ya que con este plan no se ha logrado que se denuncie el cien por cien de las agresiones.
El objetivo último del nuevo Plan es establecer
una cultura de "tolerancia cero" ante las agresiones a profesionales sanitarios.
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