La consejera de Salud andaluza,
Rocío Hernández, ha realizado ante el Parlamento autonómico una defensa sólida del modelo de contratación de emergencia durante la pandemia del Covid-19, que, asegura, contó en todo momento con el
“aval de informes jurídicos”.
Este mismo noviembre, el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla citó como investigados a la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS),
Valle García, y a sus dos predecesores en el cargo (
Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas) por los
contratos de emergencia de la Junta de Andalucía en el marco de la causa abierta tras una querella del PSOE en la que se denuncian las contrataciones de emergencia cuando ya se había dado por finalizada la pandemia del Covid-19.
Ante el pleno celebrado este miércoles en la Cámara autonómica para valorar los informes de la Intervención General relativos a la contratación de emergencia del
Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2021 y 2024 (polémica que ha promovido la apertura de una causa judicial contra tres de sus exgerentes por supuestas adjudicaciones ‘a dedo’), Hernández ha puesto sin embargo en valor la actuación llevada a cabo durante la crisis sanitaria por la administración autonómica, que permitió “prestar atención sanitaria”
con el “aval de la Ley”.
En este sentido, ha manifestado que el “
uso del mecanismo de emergencia” para los contratos objeto de investigación “estaba justificado por la pandemia” y sustentado “por informes jurídicos”.
La consejera ha querido subrayar durante su intervención el contexto de "crisis sanitaria" generada por el virus que causaba la enfermedad
Covid-19 en el que se enmarcaban dichos contratos analizados por la Intervención General, y al respecto ha recordado que, "ante el contagio masivo y descontrolado a nivel mundial que había provocado el Covid-19", la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró, el 30 de enero de 2020, "una emergencia de salud pública de importancia internacional" de la que España fue uno de los
países "más afectados", especialmente a partir de marzo de ese mismo año, cuando el Gobierno central declaró el estado de alarma.
"Todas las CCAA recurrieron a la contratación de emergencia"
La titular andaluza de Salud ha subrayado que "no sería hasta el 4 de julio de 2023 cuando el Ministerio de Sanidad declaró la finalización total de las restricciones sanitarias" vinculadas a dicha pandemia que causó casi 16.000 muertes en Andalucía con datos actualizados "a fecha de 30 de junio de 2023", y ha remarcado que, "en esos momentos tan duros, todas las comunidades autónomas tuvieron que recurrir a una modalidad de contratación que en aquellos momentos no constituía una opción, sino una obligación", la del "procedimiento de emergencia".
"Por encima de los protocolos y los trámites administrativos, está el derecho a la vida de los ciudadanos", ha proclamado la consejera, que ha llamado a preguntarse "qué habría pasado si no se hubieran hecho esos contratos,
cuántas personas habrían fallecido" o "cuántas miles no habrían podido
ni ser diagnosticadas ni operadas".
La consejera ha argumentado que "la emergencia y la
premura en dichas contrataciones dieron lugar, utilizando como base las recomendaciones que efectúan los informes técnicos de las intervenciones, a que pudieran producirse defectos o imperfecciones administrativas en el proceso" de las mismas, "pero siempre ajustándose de manera escrupulosa a la ley".
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