Después de que Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haya condenado al Servicio Andaluz de Salud a pagar 14,8 millones de euros a Clínicas Pascual, precio que la empresa puso a los servicios que prestó en sus centros a la sanidad pública en mayo de 2014, el SAS está preparando un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por entender que la empresa José Manuel Pascual Pascual S.A. no puede seguir fijando precios arbitrarios sin el consentimiento de la administración sanitaria.
De hecho, la Junta de Andalucía recuerda que “es con este mismo argumento con el que el Servicio Andaluz de Salud ha denunciado a esta empresa ante la Agencia de Defensa de la Competencia Andaluza, que ha resuelto recientemente incoar un expediente sancionador por presuntas prácticas restrictivas de la competencia”.
“El expediente se inicia ante la existencia de indicios racionales de la realización de conductas que presuntamente serían contrarias al artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Dicha ley prohíbe la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional, tanto si se trata de imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones comerciales o de servicios no equitativos como de subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio no guarden relación con el objeto de dichos contratos”, matiza el Gobierno dirigido por Susana Díaz, que tiene a Aquilino Alonso como consejero de Salud.
Desde el Gobierno andaluz insisten en que “su responsabilidad es garantizar el derecho a la atención sanitaria y respetar siempre la legalidad en los conciertos de la administración pública”. Así insisten en que seguirán “intentando llegar a un acuerdo que respete las condiciones legales vigentes, al mismo tiempo que se seguirán buscando alternativas si no se llega al mismo”. “De todo ello, se ha informado a los representantes de los trabajadores de clínicas Pascual, en diferentes encuentros mantenidos con el comité de empresa, trasladándoles que la única responsable de la situación laboral que atraviesan es la empresa José Manuel Pascual Pascual S.A., propietaria de estos hospitales privados”, añade.
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