El
Consejo de Ministros ha aprobado este viernes elevar dos recursos de inconstitucionalidad ante la norma andaluza que recupera l
a jornada de 35 horas semanales para los funcionarios públicos, incluidos los sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. Según ha explicado el portavoz del Gobierno y ministro de Educación
, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial, los recursos se presentarán ante el propio decreto ley y ante los presupuestos de la comunidad.
El portavoz del Gobierno ha justificado la decisión diciendo que "los funcionarios del Estado no pueden estar sometidos a un
determinado régimen dependiendo de la comunidad en la que se encuentren". En concreto, el Ejecutivo considera que la norma andaluza "contraviene la ley de Presupuestos de 2013 que estableció para toda España la jornada de los empleados públicos en 37,5 horas y el Real Decreto de medidas urgentes de racionalización de gasto público en el ámbito educativo".
Méndez de Vigo ha afirmado que "no parece
vertebrador ni cohesionador que en alguna comunidad, en función de una legislación adoptada en la misma, se rompa con ese marco común al resto de España". No obstante, puntualiza que el diálogo con la Junta "sigue abierto".
3.100 sanitarios en vilo
La jornada de las
35 horas volvió a aplicarse en enero de este año, tres meses después de que se aprobara el decreto ley en el Consejo de Gobierno. Esta forma de regularlo ha sido también criticada por Méndez de Vigo que ha dicho que no le parecía la forma más correcta y que debía haber buscado más consenso. Unos 270.000 empleados públicos recuperaban así la duración de la jornada laboral.
La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha respondido mediante dos mensajes en Twitter en los que muestra su
"firme rechazo" a la decisión. Además, ha señalado que "el Gobierno de Rajoy vuelve a castigar a Andalucía poniendo en peligro
7.000 empleos". Se refiere a los trabajadores contratados para suplir las horas que se restan de las 37,5 horas semanales originales. En el caso de sanidad, los contratados fueron 3.100.
Poco después, la consejera de Hacienda de la Junta, María Jesús Montero, ha criticado las palabras de Méndez de Vigo en las que se refería al diálogo: "Para poder tender la mano
tienen que mostrar voluntad de llegar a un acuerdo y eso se expresa a no incluir la suspensión cautelar en la petición al Tribunal Constitucional".
Según la consejera, Andalucía hizo el proceso "con lealtad porque
cumplió con los compromisos fiscales". Ha incidido en que
no sólo se trataba de proteger los derechos de los empleados públicos sino que "era una oportunidad para el empleo", refiriéndose a los trabajadores contratados para suplir las horas vacantes.
La presidenta de Andalucía,
Susana Díaz, también se ha sumado a las críticas con un mensaje en Twitter: "Rajoy recurre la jornada de 35 horas de los empleados públicos andaluces.
Un hachazo contra los derechos laborales y la creación de empleo".
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