La salud mental infanto-juvenil exige más protección por parte de la Administración. Así lo ha demandado el Defensor de la Infancia de Andalucía,
Jesús Maeztu, quien ha solicitado al Gobierno regional un
plan específico para la prevención del suicidio en la población infanto-juvenil, "con entidad propia y medidas claras y consensuadas". Una propuesta que iria a la
contra de la postura de Sanidad, por la cual se descarta aplicar un plan específico a nivel nacional para atajar el actual récord de suicidios que vive la sociedad española.
Tal y como ha manifestado Maeztu, tras la presentación del
Informe de la Infancia y la Adolescencia 2021, "Andalucía debe tener este plan y debe disponer de presupuestos y recursos para implementar las medidas necesarias para su control".
Un programa de prevención que ya existe en otras comunidades autónomas como
Cataluña, Castilla -La Mancha o la Comunidad Valenciana.
Junto al
plan específico ante los suicidios, el Defensor de la Infancia también ha señalado la importancia de
contar con un sistema de información que permita conocer "la realidad y magnitud del problema",
debido a la escasez de datos en Andalucía. Asimismo, ha propuesto un incremento de las medidas de prevención y detección precoz de la enfermedad en las personas menores de edad, incluyendo el ámbito educativo.
Esta medida iría de la mano del
incremento de las plantillas de Psicología y Psiquiatría del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que "evite la saturación de los recursos", tanto en
Atención Primaria como en la Atención Especializada, de manera singular en las Unidades de Salud Mental Infanto Juvenil, que haga posible que
cada menor pueda recibir la atención psicosanitaria con la frecuencia que precise.
Recursos para la salud mental de los jóvenes
Desde la Defensoría de la Infancia andaluza, el responsable del organismo ha subrayado la urgencia de aumentar los recursos de atención para atender las
patologías mentales, tanto a nivel hospitalario como también en Atención Primaria.
Así, se ha trasladado a la Junta de Andalucía la demanda de
ajustar el número de plazas hospitalarias y seguir desarrollando programas de hospitalización de día y domiciliaria para casos seleccionados. Una solicitud que contribuiría a "frenar otro de los males endémicos que padece la atención a la salud mental infanto-juvenil: la prevalencia de los tratamientos farmacológicos frente a los asistenciales".
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