Muchos
'ojos sanitarios' están puestos en Andalucía. El acuerdo de gobierno del Partido Popular (PP) con Vox incluye una batería de medidas que pueden impactar en la salud regional de una forma significativa y ser un espejo nacional viendo la dinámica electoral que lleva el país.
Juanma Moreno sufrió bastante desgaste político la legislatura pasada a cuenta de la sanidad. La
crisis de los cribados de mama fue uno de los problemas que le privaron de una mayoría absoluta en las urnas, un asunto que le impactó de lleno porque no lo vio venir ni nadie le alertó.
Por eso es lógico que en este acuerdo se haya establecido una
auditoría y un plan de choque. Conviene saber exactamente dónde están los problemas y actuar con diligencia puede ayudar a aliviar la situación de muchos pacientes que hoy esperan una consulta, una prueba diagnóstica o una intervención.
Pero no debemos olvidar una realidad: las
listas de espera, además de un obstáculo directo para los pacientes, son el síntoma de un
problema estructural del sistema sanitario público. Y los problemas estructurales no se resuelven únicamente con medidas coyunturales. Necesitan reformas estructurales.
Presupuesto e incremento del gasto medio
La experiencia también ha demostrado a Moreno que existe un problema de eficiencia. En 2025 presupuestó un
55 por ciento más de dinero para esta cartera del que se encontró al llegar a la presidencia de la Junta en 2019, y por primera vez en la historia de esta región el
gasto medio por habitante superó al de la media nacional. Pero aún así, eso no se ha traducido en una mejora equivalente de la actividad ni de los resultados. El verdadero debate ya no es solo cuántos euros invertimos, sino cómo conseguimos que cada euro genere más valor para los pacientes.
Sin cambios en la organización, la gestión y la productividad del sistema, más presupuesto puede terminar produciendo una mejora mucho menor de la esperada.
La 'prioridad nacional' y facturación a terceros
En el acuerdo Vox ha incluido su caballo de batalla electoral estatal, la denominada
'prioridad nacional'. Finalmente, y con respecto al sistema sanitario, parece concretarse en la creación de una oficina para
mejorar la facturación a terceros obligados al pago. No hay signo de limitación a prestaciones ni a servicios para nadie y por tanto la medida propuesta más que una medida discriminatoria, parece una obligación administrativa lógica. Si existe un tercero legalmente obligado a asumir el coste de una asistencia sanitaria, lo normal para una Administración eficiente es reclamar ese importe y no trasladarlo al conjunto de los contribuyentes. La verdadera cuestión no es si debe hacerse, sino por qué no se ha hecho con toda la eficacia necesaria hasta ahora.
Lo esbozado por PP y Vox es solo el preámbulo o el primer paso de lo que habría que hacer si se quiere
reformar de verdad el sistema sanitario público para solucionar unos problemas que ya son crónicos. Pero habría que hacer bastante más, siendo conscientes de que se haga lo que se haga siempre se va a generar mucho ruido porque hay gente que está interesada en que nada cambie y que se esforzará en presentar todo como un desastre.
Pero ese ruido, si se afrontan los cambios con
coraje político para hacerlos y se aguanta, se verá compensado cuando realmente los pacientes reciban una
mejora en los servicios sanitarios. Por lo menos hay que intentarlo, porque la deriva actual de inmovilismo por el conformismo, el derrotismo o el 'qué dirán' nos lleva a un escenario aún peor.
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