La
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha hecho público este lunes el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba un protocolo para aplicación de
medidas especiales en materia de salud pública en caso de infección por Covid-19. El objetivo es garantizar que las personas afectadas por el coronavirus cumplan con el
aislamiento domiciliario gracias a la colaboración de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para así preservar la salud pública de la región.
De acuerdo al citado protocolo, para hacer frente a la crisis sanitaria se establecen
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria. En este sentido, los poderes públicos de Andalucía tienen el deber de “organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.
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Acceda aquí al protocolo completo --
Detección de la infección activa por Covid-19
La forma más eficaz de controlar la transmisión es la detección precoz de todos los casos compatibles con Covid-19, identificar lo antes posible a todos los casos con infección activa para establecer medidas de aislamiento, identificando a los contactos estrechos de los casos confirmados para realizar un diagnóstico precoz e interrumpir las cadenas de transmisión. Por eso, la situación actual de la crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 “obliga a reforzar los mecanismos para asegurar la reducción al máximo de los riesgos, dado que puede ponerse en peligro el control de la pandemia”.
Por todo ello, Salud entiende que “la trascendencia de estas medidas obliga a prever situaciones de incumplimiento que podrían obligar a recurrir a medidas de aislamiento obligatorio si fuera preciso”. Así, la Unidad responsable del caso de la Red de Vigilancia Epidemiológica (Epidemiología o Medicina Preventiva) elaborará un informe que detalle las circunstancias clínicas y epidemiológicas, evaluación del riesgo detectado, los incumplimientos constatados, “haciendo constar las medidas que se han intentado y los esfuerzos realizados por diferentes ámbitos y profesionales”.
En concreto, se contemplan los siguientes supuestos:
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Persona que presenta alta sospecha de infección activa por el Covid-19, y se niega a realizar las pruebas diagnósticas indicadas.
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Persona con diagnóstico de infección activa por el Covid-19 o contacto estrecho y negativa a observar las medidas de aislamiento necesarias.
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Persona que se encuentra no localizable después de diferentes intentos.
Así, se debe localizar a las personas afectadas y, si es necesario, un requerimiento por escrito al afectado sobre la necesidad de aislamiento, bien en su domicilio o en espacios habilitados al uso, y seguimiento clínico de su situación.
Colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
En caso de no conseguir el aislamiento efectivo, la Delegación Territorial de Salud y Familias, como autoridad sanitaria, “solicitará la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través de la Delegación del Gobierno a fin de movilizar los efectivos adecuados y proporcionales a la situación y será quien coordine los medios para la localización, traslado y custodia del/la paciente”. De este modo, la autoridad sanitaria podrá determinar y movilizar los recursos necesarios en función de la gravedad de la situación, considerándose que sus actuaciones tendrán carácter ejecutivo.
En el caso de colectivos, los procedimientos serán similares, pudiéndose ejecutar aislamientos comunitarios.
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