Este martes,
Andalucía aprobará en su Consejo de Gobierno la vuelta a la
jornada laboral de 35 horas de los empleados públicos, que previsiblemente se hará efectiva el 1 de enero de 2017. Un paso que cuenta con un precedente no muy halagüeño como es el castellanomanchego:
el pasado 30 de septiembre el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional y nula la medida que afectaba a sus funcionarios. Por ello, la Junta ha pedido al Gobierno central que no recurra la disposición, como ocurrió con la región gobernada por Emiliano
García-Page.
El acuerdo del Consejo de Gobierno dará cumplimiento al calendario de restitución de derechos de los empleados públicos andaluces, que se suscribió el pasado 2 de junio por la Junta y los sindicatos integrantes de la Mesa General de la Función Pública. Una intención que desde el
Sindicato Médico Andaluz (SMA) ven con cautela, dado el citado precedente. Así lo reconoce su presidente, Antonio Rico, a Redacción Médica: “Nos parece una medida positiva que además es una demanda nuestra pero
habrá que ver si luego cuenta con el visto bueno del Estado o pasa como en Castilla-La Mancha”, reconoce el representante sindical.
Desde la organización facultativa admiten que no se terminan de creer que la medida pueda llegar a buen puerto y abren otras preguntas al debate: “
¿Reincorporarán todos los puestos de trabajo que se perdieron cuando se amplió la jornada?”, se cuestiona Rico que, aun así, pide esperar a que se publique en el Boletín autonómico y el Ejecutivo de Mariano Rajoy se pronuncie al respecto.
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