La Consejería de Salud y Consumo ha presentado al Consejo de Gobierno el anteproyecto de Ley de la Atención Temprana en Andalucía, que tiene como objeto regular las condiciones básicas que garanticen el derecho a la atención temprana de la población infantil menor de 6 años, que padezca trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos, sus familias y entorno, en condiciones de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Entre otros fines, la norma garantizará la calidad de la prestación y fomentará la investigación y la formación de los profesionales y constará con un presupuesto de más de 55 millones de euros.
Esta es la primera norma que ha presentado ante el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la nueva consejera de Salud y Consumo, Catalina García, quien ha explicado que "la Atención Temprana tiene como finalidad favorecer el óptimo desarrollo y la máxima autonomía personal de la población infantil menor de seis años, con trastornos en su desarrollo o riesgo de presentarlos, tratando de minimizar y, en su caso, eliminar, los efectos de una alteración o discapacidad, así como la aparición de trastornos o secuelas añadidas, facilitando la integración familiar, escolar, social y la calidad de vida de las personas menores y familias".
Con este anteproyecto de Ley, la Consejería de Salud pretende ordenar las actuaciones de Atención Temprana en Andalucía mediante el establecimiento de una red integral de responsabilidad pública y de carácter universal y gratuito, que delimite las competencias y las responsabilidades en esta materia.
Del mismo modo, se establece un marco de referencia que asegure el carácter intersectorial de las actuaciones públicas en esta materia, mediante la necesaria coordinación entre los ámbitos implicados, como son el ámbito sanitario, educativo y social.
Entre los objetivos de este anteproyecto de Ley destaca el de garantizar la calidad en la prestación de la Atención Temprana conforme a criterios en términos de efectividad, beneficio y satisfacción de las personas afectadas, el fomento de la investigación y la formación continuada de los profesionales, y el establecimiento de un régimen sancionador autonómico en esta materia.
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