La Fiscalía de Granada ha dado carpetazo a la denuncia presentada por 28 médicos de urgencias y especialistas de área que acudieron a la Justicia debido a que consideran que la
reordenación hospitalaria en la ciudad podía suponer un riesgo para la salud de los pacientes.
En la demanda de los facultativos se hacía hincapié en que desde la apertura del
Hospital del Parque Tecnológico de la Salud (PTS), las “decisiones de los responsables de la Administración Sanitaria Pública han supuesto que las
especialidades de actividad quirúrgica y médicas hayan quedado diseminadas entre los
diferentes hospitales de Granada (PTS, Virgen de las Nieves o San Cecilio)”, según recoge el texto presentado a la Fiscalía y al cual ha tenido acceso Redacción Médica.
En ese sentido, los médicos señalaban en la demanda que existe un
“potencial riesgo” para los pacientes, el cual fue puesto en conocimiento de la Administración sin que la misma haya adoptado “ninguna medida al respecto”. Además, consideran que ese
riesgo para el paciente también puede acarrear una responsabilidad profesional para los facultativos.
Pese a los motivos expuestos, la Fiscalía ha decidido
tumbar la denuncia.
El decreto de archivo señala que “solo en determinados casos muy puntuales el
derecho penal sanciona comportamientos de peligro o riesgo, estableciendo penas a comportamiento antes de que se produzca el eventual resultado”.
Además, añade que los hechos denunciados por los 28 médicos “no están contemplados como conducta típica” en la legislación penal española.
“Los hechos denunciados como
falta de protocolos de actuación entre los distintos servicios sanitarios y las situaciones de potencial grave riesgo para los pacientes,
son hechos que claramente incumben a la Administración y solo cuando acontezca un resultado” podrá intervenir la jurisdicción penal para investigar la responsabilidades penales derivadas, continúa el documento.
En declaraciones a este medio, el secretario general del Sindicato Médico en la delegación de Granada,
Francisco Cantalejo, ha manifestado el “respeto absoluto” de su organización a la decisión de la Fiscalía, pero señala su sorpresa dado que no entiende por qué la Justicia no puede actuar de forma preventiva en una situación como la expuesta.
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