El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este miércoles el anteproyecto de Ley de Función Pública, una normativa destinada a todos los empleados públicos de las administraciones andaluzas, respetando la normativa propia y específica de sectores y ámbitos como
el personal estatutario de Sanidad. En concreto, el anteproyecto de ley presenta las bases para
regular la Administración regional, atendiendo a las nuevas realidades y demandas del personal estatutario, agilizando los procesos selectivos e incentivando la productividad. Así, esta normativa presenta diferentes mejoras en cuanto a la
carrera profesional de los funcionarios, como la promoción y clasificación laboral, un punto donde
Enfermería podría verse beneficiada a la hora de plantear su reclasificación al grupo A, medida que sería posible siguiendo la reorganización de las titulaciones universitarias y su vinculación a los grupos profesionales.
De este modo, en cuanto a los profesionales sanitarios, la normativa podría afectar siempre y cuando se contara con la
“voluntariedad política” para equiparar a todos los trabajadores. Un punto en el cual los sindicatos han puesto el foco por la
posible discriminación que conllevaría la no aplicación general entre el personal estatutario de la Junta de Andalucía.
Entre las posibles interpretaciones de la norma que están sobre la mesa se encuentra
la reclasificación de los funcionarios por grupos profesionales. Una posibilidad que permitiría
la reclasificación de Enfermería en el grupo A o la subida de grupo de los TCAE. Aunque el nuevo texto aprobado
continúa presentando a Enfermería en un subgrupo A2, se podría considerar la subida siempre y cuando esta ley atendiera
la caducidad de la disposición transitoria tercera del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep), una posibilidad que permitiría a Andalucía ser la primera comunidad que aplica la reorganización de las
titulaciones universitarias tras la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior.
Cabe destacar que la aprobación del Consejo de Gobierno permite la
remisión del anteproyecto al Parlamento y su tramitación como Proyecto de Ley, donde se podrá incorporar las demandas del resto de grupos políticos presentes en el hemiciclo.
Evaluación del desempeño los funcionarios
Entre las principales novedades que introduce el anteproyecto de Ley de Función Pública andaluza destaca la
evaluación del desempeño del personal. Así, la norma prevé un procedimiento de evaluación de los funcionarios públicos, subrayando la transparencia, objetividad e imparcialidad del mismo.
El objetivo de este proceso de evaluación persigue
incentivar y reconocer el trabajo productivo, pudiendo valorar de forma positiva como negativa el desempeño del personal estatutario. Así, si se produjera una evaluación negativa, el funcionario deberá llevar a cabo un programa de formación específica, pudiendo afectar a la evaluación de los méritos en los concursos de traslado y, si la situación continuara, plantear una sanción reglamentaria.
El anteproyecto de ley también plantea
adecuar las pruebas a superar ligándolas al desempeño de las funciones reales de los puestos de trabajo convocados. De este modo, se establecen procedimientos que permitirán agilizar la provisión de puestos como, por ejemplo, una nueva modalidad de concurso abierto y permanente o la reducción de los plazos de convocatoria y resolución.
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