La Junta de Andalucía ha aprobado el anteproyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la comunidad, en el que se elimina el copago farmacéutico de los servicios complementarios a nivel autónomico y en el que se garantiza la universalidad, ha informado el consejero de Sanidad, Aquilino Alonso, tras el Consejo de Gobierno.
El titular de la Sanidad andaluza ha explicado que el objetivo del texto, que ha sido remitido al Parlamento autonómico para su aprobación, es “blindar la sanidad pública” de la comunidad.
Alonso ha señalado que 2012 supuso un “antes y un después” para la sanidad pública andaluza debido a las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno central, las cuales, en su opinión, han “representado una quiebra de principios como la universalidad, la equidad y la gratuidad” del sistema, algo que ha afectado “especialmente a los más vulnerables”, ha subrayado.
En aquellas prestaciones de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud donde se prevea una aportación económica por parte de la población, la futura ley andaluza establece que se arbitrarán las medidas necesarias para minimizar su impacto y que, en ningún caso, pueda existir una persona excluida de una prestación por razones económicas.
Asimismo, el consejero ha considerado que Andalucía es “pionera” en España con esta propuesta y ha manifestado su esperanza de que surjan iniciativas similares en el resto del Estado.
Por otro lado, también ha señalado que espera que el texto del anteproyecto de Ley salga mejorado del Parlamento y que sea aprobado con el apoyo unánime del resto de grupos parlamentarios.
Plan Plurianual de Gestión 2016-2019
En la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de este lunes también se ha tomado conocimiento de la aprobación por parte de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, del Plan Plurianual de Gestión 2016-2019 de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
El mismo busca reducir la incidencia de los recortes del Estado en el sistema de atención a la dependencia, una merma de 508 millones de euros entre 2012 y 2016.
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