El
Consejo de Gobierno de Andalucía ha aprobado un decreto para regular el procedimiento y las condiciones de
prestación de los servicios de asistencia dental a las personas de seis a 15 años protegidas por el
sistema sanitario público.
El procedimiento regulado en este decreto, según el Gobierno andaluz, va a suponer una
simplificación de los trámites administrativos para la ciudadanía y empresas. Además, implica una mejora respecto a las restricciones que actualmente se disponen en
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para la adhesión de los profesionales a la prestación del servicio, permitiendo a los titulares de las consultas o clínicas dentales interesadas, tanto personas físicas como personas jurídicas que tengan como objeto social la asistencia dental, presentar en cualquier momento la solicitud de adhesión sin necesidad de esperar a la convocatoria que se debe realizar previamente, como ocurre actualmente.
Así cambia la prestación
Así, la prestación de la asistencia pasará de articularse mediante un
vínculo contractual a ofertarse a través de un sistema de adhesión que se adaptará a las circunstancias objetivas con mayor facilidad y rapidez. Además,
se aumenta la seguridad jurídica y se reduce la dispersión normativa que hay en la actualidad, donde la materia es regulada por un decreto y tres órdenes.
La población de cobertura estimada para
el año 2019 es de 900.779 personas, nacidas entre los años 2004 y 2013 y con derecho a la asistencia del sistema sanitario público.
La partida presupuestaria destinada a atención dental en Andalucía ha aumentado en 261.933 euros respecto al año anterior y se está trabajando en mejorarla con el desarrollo de sistemas de registros de actividad bucodental; en el análisis y mejora de los protocolos de derivación y
tratamiento desde Atención Primaria para una mejor coordinación con la Atención Hospitalaria y en facilitar la accesibilidad a la atención en salud bucodental
en zonas con necesidades de transformación social.
También se actúa en la mejora de la coordinación entre los centros sanitarios y otros sectores que intervienen en la salud bucodental y se estudia la posibilidad de incorporar el servicio de
atención domiciliaria para los cuidados en salud bucodental de personas dependientes y con discapacidad que no puedan desplazarse a los centros de Atención Primaria para ser atendidos por un dentista.
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