El Parlamento de Andalucía debatirá esta semana la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Socialista relativa al cumplimiento de las disposiciones legales
con relación a los derechos sanitarios de la persona al final de su vida, que incluye instar al Consejo de Gobierno de la Junta a "implicarse activamente" en el desarrollo y puesta en práctica de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de
regulación de la eutanasia.
Según indica el texto, es "esencial" que se tomen medidas relacionadas al personal sanitario como, por ejemplo, "poner en marcha una amplia campaña de formación" sobre la ley, crear una red de equipos formados por personal preparado para ayudar y orientar en aspectos sanitarios y burocráticos a médicos y médicas que se enfrenten a una solicitud de este tipo, concretar los términos de la
objeción de conciencia del personal sanitario y su inclusión en el registro "para evitar las graves situaciones que se producen en centros de salud y áreas sanitarias para encontrar médico/a referente o consultor/a", entre otras.
Además, se insta al Gobierno a "tomar medidas en relación con la Declaración de Voluntades Vitales Anticipada (DVA)", ya que se han detectado
dificultades que impiden su realización. En ese sentido, mencionan acciones como poner en marcha una
campaña de información y difusión de este derecho entre la población y el personal sanitario; ampliar el número de puntos de registro y el personal que los atiende; solucionar el mal funcionamiento de la aplicación informática del registro; y permitir el uso de internet para solicitar una cita.
La PNL sustentada por la portavoz del grupo socialista, María de los Ángeles Férriz, también contempla instar al Gobierno a
crear un Observatorio de la Muerte Digna, a fin de comprobar que se cumpla con todo lo dispuesto en las disposiciones legales y de cómo se muere en la región.
La intención de la PNL
Esta proposición tiene la intención de tomar medidas "rápidas y efectivas" sobre lo dispuesto en las leyes acerca de los cuidados paliativos "garantizando que sean accesibles a toda la ciudadanía", ya sea en el ámbito urbano o rural, en hospitales y en domicilios. Además, considera que se requiere
"especial atención" en la sedación paliativa, de modo que se eviten situaciones en las que los equipos médicos rechacen su práctica por "motivos ideológicos o médicos", ocasionando sufrimiento en los pacientes.
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