Andalucía aterriza la prioridad nacional: auditoría sanitaria y facturas
Este es el primer pacto PP-Vox que contempla medidas más específicas en la atención sanitaria a extranjeros
El Partido Popular y Vox firman un acuerdo para un gobierno de coalición en Andalucía. (Imagen de Europa Press)
03 jul 2026. 14.55H
La investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía se ha logrado gracias a un pacto de coalición PP-Vox más endurecido en términos sanitarios que los firmados en Extremadura, Aragón y Castilla y León. El acuerdo, que lleva 29 medidas en términos de gestión del ámbito de la salud y que se ciñe a la prioridad nacional de la agrupación liderada por Manuel Gavira, contempla dos puntos relacionados a la prestación sanitaria a extranjeros en la región.
Más allá de medidas como el aumento del presupuesto sanitario, un plan de choque para reducir las listas de espera quirúrgicas, diagnósticas y de consultas externas y un plan de estabilidad laboral para profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), este es el primer pacto de gobierno que lleva explícita la traducción de la prioridad nacional en la atención en todos los niveles asistenciales.
La primera alusión a ello está en el punto 100, en el que el gobierno autonómico se compromete a realizar una auditoría "anual, pública y desglosada" del valor sanitario derivado de la atención a extranjeros en Andalucía. La intención es conocer el "coste directo e indirecto" que supone para el SAS "la atención prestada" a población de otros países, diferenciando, "en la medida en que lo permita la legislación vigente, entre residentes legales, desplazados temporales, personas sin residencia legal acreditada, asistencia urgente, farmacia, hospitalización, Atención Primaria, Urgencias, partos, pruebas diagnósticas y atención especializada".
"La medida deberá incluir también el coste no compensado por el Estado, por otros países o por convenios internacionales, así como las facturas emitidas, cobradas y pendientes de cobro", señala el documento firmado entre Moreno y Gavira, que también estipula como plazo para su cumplimiento los seis primeros meses de gobierno. Esto quiere decir que, antes de enero de 2027, se debería dar inicio a la auditoría, y la publicación del primer informe deberá hacerse antes de que finalice el primer año de gobierno, con una actualización anual durante toda la legislatura.
El acuerdo también propone la creación de una unidad autonómica de facturación dentro del SAS, encargada de revisar, reclamar y recuperar los costes sanitarios que "legalmente deban ser abonados por terceros: aseguradoras, mutuas, otros países, convenios internacionales, desplazamientos temporales, asistencia a personas no cubiertas por el sistema andaluz y cualquier supuesto en el que proceda facturación". Según se detalla, la unidad deberá "unificar criterios en todos los hospitales y distritos sanitarios, evitar pérdidas por falta de reclamación, reforzar la trazabilidad administrativa y publicar anualmente el importe facturado, cobrado y pendiente".
La medida tiene por objetivo "que los recursos del SAS se destinen prioritariamente a los andaluces y españoles que sostienen el sistema y que Andalucía no asuma gastos que corresponden a otros pagadores". Su creación deberá establecerse en los primeros seis meses de gobierno, con funcionamiento efectivo antes de finalizar el primer año. Se deberá presentar un informe anual de recuperación de costes.
Andalucía se convierte, así, en la primera comunidad autónoma que lleva en el pacto de coalición una interpretación más clara del impacto de la prioridad nacional de Vox en el ámbito sanitario. Las medidas del acuerdo deberán cumplirse según los plazos establecidos con el seguimiento estipulado.
Más allá de medidas como el aumento del presupuesto sanitario, un plan de choque para reducir las listas de espera quirúrgicas, diagnósticas y de consultas externas y un plan de estabilidad laboral para profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), este es el primer pacto de gobierno que lleva explícita la traducción de la prioridad nacional en la atención en todos los niveles asistenciales.
La primera alusión a ello está en el punto 100, en el que el gobierno autonómico se compromete a realizar una auditoría "anual, pública y desglosada" del valor sanitario derivado de la atención a extranjeros en Andalucía. La intención es conocer el "coste directo e indirecto" que supone para el SAS "la atención prestada" a población de otros países, diferenciando, "en la medida en que lo permita la legislación vigente, entre residentes legales, desplazados temporales, personas sin residencia legal acreditada, asistencia urgente, farmacia, hospitalización, Atención Primaria, Urgencias, partos, pruebas diagnósticas y atención especializada".
"La medida deberá incluir también el coste no compensado por el Estado, por otros países o por convenios internacionales, así como las facturas emitidas, cobradas y pendientes de cobro", señala el documento firmado entre Moreno y Gavira, que también estipula como plazo para su cumplimiento los seis primeros meses de gobierno. Esto quiere decir que, antes de enero de 2027, se debería dar inicio a la auditoría, y la publicación del primer informe deberá hacerse antes de que finalice el primer año de gobierno, con una actualización anual durante toda la legislatura.
Creación de una unidad autonómica de facturación en el SAS
El acuerdo también propone la creación de una unidad autonómica de facturación dentro del SAS, encargada de revisar, reclamar y recuperar los costes sanitarios que "legalmente deban ser abonados por terceros: aseguradoras, mutuas, otros países, convenios internacionales, desplazamientos temporales, asistencia a personas no cubiertas por el sistema andaluz y cualquier supuesto en el que proceda facturación". Según se detalla, la unidad deberá "unificar criterios en todos los hospitales y distritos sanitarios, evitar pérdidas por falta de reclamación, reforzar la trazabilidad administrativa y publicar anualmente el importe facturado, cobrado y pendiente".
La medida tiene por objetivo "que los recursos del SAS se destinen prioritariamente a los andaluces y españoles que sostienen el sistema y que Andalucía no asuma gastos que corresponden a otros pagadores". Su creación deberá establecerse en los primeros seis meses de gobierno, con funcionamiento efectivo antes de finalizar el primer año. Se deberá presentar un informe anual de recuperación de costes.
Andalucía se convierte, así, en la primera comunidad autónoma que lleva en el pacto de coalición una interpretación más clara del impacto de la prioridad nacional de Vox en el ámbito sanitario. Las medidas del acuerdo deberán cumplirse según los plazos establecidos con el seguimiento estipulado.
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