La obesidad se ha convertido en un problema de salud pública que afecta al 16,6 por ciento de la población adulta y al 23 por ciento de la infantil. Por este motivo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un proyecto de ley para la Promoción de una Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada por la que se establecerán las bases políticas contra la obesidad en la región.
La consejera de Salud, Marina Álvarez, ha explicado que “se trata de una ley pionera, que se remitirá de manera inmediata al Parlamento, porque es la primera vez que una comunidad regula con el máximo rango normativo la lucha contra la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria en general”.
Este proyecto de ley se ha elaborado siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de implicar a las administraciones públicas y sectores empresariales y establecerá el derecho de la población andaluza a la información y la participación en las iniciativas de salud pública vinculadas con la alimentación equilibrada, la actividad física y el entorno físico y psicosocial saludable.
Las medidas establecidas
Para hacer efectivo este derecho, se establecen medidas como la exigencia de disponer de menús saludables en los establecimientos de restauración y centros educativos; tener alternativas de adquisición de alimentos frescos y perecederos en cantidades adaptadas a la composición de las unidades familiares, y habilitar aparcamientos de bicicletas en los lugares de trabajo con más de 50 empleados.
Para las personas que padecen obesidad o trastornos de la conducta alimentaria, se reconoce el derecho a una atención sanitaria integral y continuada. Para ello, se pondrán en marcha planes de formación específica de prevención y tratamiento de esta patología dirigida a los profesionales, además de incorporar la materia a los programas curriculares de Ciencias de la Salud.
El texto también prevé la elaboración del Plan Andaluz para la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Saludable, con medidas de garantía de derechos que se extenderán a centros educativos, universidades, espacios de ocio infantil y juvenil, empresas, etc.
Además, el proyecto aprobado prevé la creación del Sistema de Información de Calidad Nutricional de los Alimentos en Andalucía, un índice global que se aplicará tanto a los productos envasados como a los de venta a granel o comercializados en comercios minoristas.
Asimismo, incluye limitaciones en la publicidad comercial de alimentos y de bebidas no alcohólicas dirigida a menores de 15 años. De este modo, se evitará incentivar el consumo inmoderado de productos hipercalóricos.
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