Los consejeros de Salud, Aquilino Alonso, y de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, han defendido que la sanidad pública andaluza contribuye a estimular la riqueza y la cohesión social. Así lo han expresado este lunes durante su participación en el Desayuno informativo que, bajo el lema “Un sistema de salud sostenible, innovador, equitativo y accesible”, ha organizado la Cátedra de Economía de la Salud y Uso Racional del Medicamento, en el Rectorado de la Universidad de Málaga.
Así, durante el encuentro, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha intervenido afirmando que el sistema sanitario público de Andalucía constituye un gran valor social y económico. En este sentido, ha destacado que en Andalucía el valor añadido del sector sanitario público es superior al promedio de la economía regional, lo que se traduce en que, por cada euro invertido en sanidad pública se generan 0,84 de valor añadido en el conjunto de la economía andaluza. Este valor se obtiene gracias a la elevada cualificación, a la intensidad del conocimiento que se utiliza y genera, así como al elevado grado de tecnología que se emplea en el sector sanitario público, ha afirmado el consejero.
Junto a ello, Aquilino Alonso ha puesto en valor que los sistemas sanitarios públicos protegen financieramente a las familias frente a la enfermedad y garantizan la equidad en el acceso a la atención, de manera que nadie queda excluido por motivos económicos o sociales.
Por otra parte, ha señalado que las incertidumbres del Sistema Nacional de Salud se sitúan en la esfera de la decisión política, porque priorizar la inversión en sanidad pública, con carácter universal y equitativo es una cuestión que se decide.
El responsable de Salud ha destacado también que la apuesta inversora en Salud del Gobierno andaluz se contrapone a lo que plantea el Gobierno de España. Mientras Andalucía destina el 6.3% de su PIB a sanidad, a nivel nacional se propone reducirlo hasta el 5,7% del PIB en 2019, “una cifra muy alejada de la realidad social y de los países del entorno”.
A eso hay que sumarle las políticas emprendidas, teóricamente para contener el gasto, están suponiendo “barreras en el acceso a la sanidad pública y un incentivo para la sanidad privada así como un desgaste muy importante para la organización sanitaria”. Es el caso de la extensión de los copagos, la exclusión de la cobertura sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular, la desgravación de los seguros privados de salud, la paralización de las ofertas de empleo, las tasas de reposición impuestas, el acuerdo con Farmaindustria recientemente renovado para vincular el gasto farmacéutico al PIB, ha puesto de ejemplo Aquilino Alonso.
En opinión de Alonso, estas medidas no solo no contribuyen a la contención del gasto sino que están provocando desigualdades en el acceso a la atención sanitaria necesaria y suponen la desaparición del principio de solidaridad en la financiación del sistema. Además, esta reducción del gasto público en sanidad está limitando las posibilidades de inversión en I+i en los centros públicos, y por tanto las posibilidades de acceso de la población a las innovaciones.
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